El anuncio del jefe de Estado generó expectación, sobre todo después convocar a manifestaciones masivas en todo el país justo en la jornada en la que el mundo conmemora el Día Internacional de los Trabajadores.

El detonante para convocar un ejercicio de participación ciudadana fue el hundimiento de la Reforma Laboral, promovida por el Ejecutivo, en la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo.

Las 12 interrogantes que el Gobierno propone integren el cuestionario tienen en consecuencia que ver con asuntos relevantes del ámbito del trabajo.

En la boleta se optó por la elaboración de preguntas de respuesta cerrada a las que los electores deberán votar Sí o No en cada una de ellas.

La primera de ellas inquiere acerca de si está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas, en tanto la segunda cuestiona sobre la pertinencia de pagar un recargo del 100 por ciento por la labor desempeñada en día de descanso, dominical o festivo.

Otra indaga sobre la estabilidad de la mano de obra mediante contratos a término indefinido como regla general.

El contenido de las restantes hace alusión asimismo a la ampliación de las posibilidades laborales para los discapacitados, el otorgamiento de créditos preferenciales para las micro, pequeña y medianas empresas, así como acerca de que los empleados informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social.

La celebración de una consulta popular debe recibir en el lapso de un mes, a partir de su radicación, el visto bueno de la mayoría de la Plenaria del Senado, es decir, 53 senadores de los 105 existentes deben votar a favor.

Si esa instancia legislativa no se pronuncia dentro de ese término, el presidente del país puede hacer la convocatoria en un plazo de tres meses, previa aprobación del Consejo Nacional Electoral, autoridad encargada de autorizar la creación de comités de impulso.

El ministro del Interior, Armando Benedetti confió, no obstante, que el Congreso dé luz verde al proceso.

Recordó que al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) le aprobaron la convocatoria al referendo; el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) mereció la anuencia para el plebiscito sobre el proceso de paz; y a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (2020-2023) le permitieron hacer una consulta sobre lucha contra la corrupción.

“Si no se aprueba la consulta popular, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, consideró.

Pese a la confianza del ministro, el panorama podría no resultar del todo favorable sobre todo después de las opiniones emitidas por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, un crítico abierto de la gestión gubernamental.

El jefe de la Cámara Alta comentó a los medios que el preferiría analizar otras propuestas que actualmente hacen tránsito en el Legislativo y que, a su juicio, surtirían el mismo efecto en la ciudadanía que el perseguido por la consulta.

“¿Por qué nos vamos a concentrar hoy en el Congreso tres meses para aceptar un proceso electoral, si podemos consensuar alguno de esos proyectos que cursan hoy en el Senado de la República, y que tendrán seguramente un trámite más expedito?”, declaró a la prensa.

El mes pasado, Cepeda expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Partido Liberal y que reformaría algunos aspectos laborales en el país.

La mentada iniciativa tiene cuatro artículos y solo propone dos cambios, que la jornada nocturna arranque a las siete de la noche y que se pague el 100 por ciento del recargo dominical.

La opinión emitida por Cepeda de que era necesario buscar una contemporización con los proyectos legislativos sobre el tema fue objetada por el presidente Gustavo Petro.

“Tenía dos años para consensuar, lo pedí de la manera más amable, y llegó a la Presidencia del Senado a burlarse del Gobierno, y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano”, planteó.

El mandatario aseveró que el día de la radicación de la consulta entrará en el Congreso acompañado de una delegación para presentar personalmente el texto al Senado.

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