En la cámara baja, 396 diputados apoyaron el texto y 68 se opusieron, por lo que el texto promovido por senadores conservadores y socialistas quedó definitivamente adoptado en el Parlamento galo, hecho celebrado por el gobierno.

Solo el partido de izquierda La Francia Insumisa rechazó en el hemiciclo la norma, a la que atribuye ataques a las libertades públicas y al derecho a la defensa.

Entre las medidas recogidas en la ley destacan la creación de un Fiscalía especializada en perseguir al crimen organizado y el endurecimiento del régimen carcelario de grandes capos, en aras de evitar que sigan delinquiendo tras las rejas.

También resalta la reducción de penas para los “arrepentidos”, condenados que decidan colaborar con la justicia para esclarecer hechos, propuesta tomada de la experiencia italiana en la lucha antimafia.

La norma no está exenta de polémica, como el artículo que recoge la posibilidad de no revelar determinada información a los narcotraficantes y sus abogados durante las pesquisas, lo cual sectores de la izquierda y juristas denuncian al argumentar una violación del debido proceso.

Sin embargo, el gobierno insiste en la importancia de esta ley frente a la urgencia provocada por el tema de las drogas, al punto de que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirmó que Francia no es un narco Estado, pero lidia con sus signos, en particular el debilitamiento del poder público.

Vemos países que caen ante el poder alcanzado por los narcobandidos, quienes amenazan a autoridades y asesinan a periodistas, no estamos en ese caso, pero tampoco estamos lejos, advirtió hace unos días Darmanin en la cadena Europa 1.

El ministro de Justicia calificó en su cuenta en X la adopción definitiva de la ley antidrogas de un gran paso para Francia.

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