La Cancillería precisó que, durante una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), celebrada ayer, la delegación egipcia afirmó que las acciones de Israel en Gaza, incluidos el bloqueo, el desplazamiento forzado y la obstrucción de la ayuda, constituyen graves violaciones de la ley humanitaria internacional.
Esas medidas están diseñadas para imponer un delito consumado y facilitar la anexión de facto de la tierra palestina, expresó la comitiva, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La declaración, entregada por la delegación, forma parte de los procedimientos que buscan una opinión consultiva de ese tribunal sobre las consecuencias legales de la prolongada ocupación de los territorios palestinos, agregó el texto.
Egipto también criticó los comentarios de numerosos funcionarios del Gobierno y legisladores israelíes sobre la necesidad de reocupar Gaza y de expulsar a los palestinos.
En particular, denunció los esfuerzos de ese país para socavar el trabajo del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa).
Los ataques a Unrwa tienen como objetivo erosionar los derechos de retorno del pueblo palestino y a la autodeterminación, consagrado en la Carta de la ONU, subrayó.
La delegación también rechazó el bloqueo total impuesto por la vecina nación, que impide la entrada al enclave costero de alimentos, agua, combustible y suministros médicos.
Esa política profundizó “una crisis humanitaria ya catastrófica”, creada por el conflicto, alertó.
También acusó al Ejército israelí de bombardear la infraestructura civil e intensificar los ataques contra el personal médico y humanitario, lo cual obligó a las agencias de ayuda a suspender sus operaciones.
Como estado miembro de la ONU y como potencia ocupante, Israel está legalmente obligado por la ley internacional a facilitar la entrega de ayuda de emergencia a Gaza, recordó.
Egipto instó a la CIJ a dictar sentencia contra “la ocupación prolongada de Israel” al señalar que constituye una violación continua del derecho internacional.
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