El representante de Defensoría del Pueblo en la región de Loreto, Abel Chiroque, informó que los nativos adoptaron esa medida, en protesta porque no se tomó un acuerdo sobre las secuelas del derrame de petróleo registrado en el distrito de Saramiriza de asistencia a la población ante los daños.

La retención temporal se registró en la provincia de Datem del Marañón, de la región de Loreto Chiroque agregó que las partes acordaron

Los pobladores declararon a una radioemisora que están cansados de los incumplimientos del Estado y exigieron que se firme un acta de compromisos, lo que no aceptaron los funcionarios enviados a dialogar.

Además, denunciaron que desde el 18 de marzo no han recibido ayuda humanitaria, pese a las afectaciones ambientales y sociales sufridas por el derrame y advirieron que mantendrán bloqueadas carrteras y ríos navegables hasta que se atiendan sus pedidos.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo en Iquitos declararon que el 2 de mayo reanudará el diálogo y se prevé que para esa fecha se levante la protesta.

La Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de la zona de conflicto difundió que los funcionarios intentaron romper los acuerdos.

La fuente agregó que los visitantes impidieron la firma del entendimiento al condiconarla a que los nativos levanten el cerco a una estación del Oleoducto Norperuano y otras medidas de protesta, lo cual no fue aceptado.

“El pueblo está indignado por la falta de atención, falta de agua y de alimentos”, debido a la contaminación de las tierras de su comunidad por el derrame petrolero, declaró la dirigente amazónica Elaine Shajian.

Agregó que ella y sus compañeros estaban a punto de llegar a un acuerdo y lamentó la provocación que generada por los funcionarios, “por no saber dialogar, por no saber entender el dolor que viven los pueblos indígenas”, expresó..

Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) llamó a la Presidencia del Consejo de Ministris y a la empresa estatal Petroperú a respetar a las autoridades indígenas y restablecer los canales de diálogo, en aras de una solución efectiva.

De otro lado, dirigentes de organizaciones indígenas rechazaron en una audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento, los proyectos y políticas dictadas sobre los lueblos nativos, sin pedirles su consentimiento

También exigieron la anulación de tres leyes que afectan a los nativos y sus territorios, en especial la que ellos llaman “Ley Antiforestal”, que permite a los gobiernos regionales aprobar empresas forestales en teritorios de puenlos nativo.

La Aidsep y otra cuatro organizaciones indígensa demandaron el cese de intentos de división del movimiento indígena promovidos por sectores del Estado y protección a los dirigentes originarios de atentados mortales de narcotraficantes y taladores de bosques furtivos que depredan sus tierras.

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