El reo, encarcelado en un inicio en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y luego trasladado a otra instalación carcelaria menos represiva, es seguido con atención por todo lo que se mueve alrededor del mismo y la implicación de la Casa Blanca y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Hay versiones de prensa que señalan que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene un intercambio con Bukele para, al parecer, mantener una línea de información muy similar, luego que el caso llegó al Tribunal Supremo y este ordenó al Gobierno estadounidense facilitar su retorno.
El tema se convirtió en peliagudo pues ni El Salvador ni Washington parecen dispuestos a cumplir con lo dictaminado con el Supremo estadounidense, e incluso algunas versiones ya hablan de una crisis constitucional en Estados Unidos.
Todo indica que el arresto de Ábrego García, de nacionalidad salvadoreña, fue ilegal y no hay argumentos sólidos sobre su pertenencia a la Mara Salvatrucha (MS-13).
El caso es polémico ya que el salvadoreño mantiene su inocencia y además contaba con una orden judicial que impedía su deportación, lo que según las autoridades migratorias se produjo por “error”, algo que los involucrados se niegan a subsanar.
Más aun, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que, en el hipotético caso de regresar el sujeto a Estados Unidos, sería “deportado de inmediato”.
Durante una reunión celebrada hace varias semana en la Casa Blanca, Bukele dejó claro que no tiene intención de liberar a Ábrego García, a quien considera un «terrorista».
El problema se intensificó y amenaza con alcanzar mayores estadios cuando en Estados Unidos, en el Congreso, están introduciendo un proyecto de ley para exigir cuentas sobre deportaciones irregulares a El Salvador, y el mismo será repicado también por la Cámara baja.
Según medios salvadoreños, cuatro senadores demócratas, incluido el líder de la minoría, Chuck Schumer (Nueva York), solicitaron al gobierno de Trump la información detallada sobre los inmigrantes indocumentados y algunos con permisos provisionales que fueron deportados y encerrados en El Salvador.
“Los tribunales se han pronunciado y ahora el Senado debe asegurarse de que la Administración Trump escuche. Los demócratas del Senado no descansarán hasta obtener respuestas”, es una advertencia que tal vez se relaciona con declaraciones de la expresidenta Kamala Harris sobre una crisis constitucional.
La situación es tensa y puede desembocar en una crisis mayor pues más de 200 inmigrantes fueron deportados a este país aunque diversos casos en tribunales estadounidenses establecen que esas personas no tienen historial criminal.
La iniciativa busca respuesta de la Administración Trump, a la vez que intenta presionar al presidente Bukele, aunque lo más cierto es que el caso Ábrego García cada vez es más “molesto” para las autoridades de Washington y San Salvador.
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