Organizaciones llaman a rescatar Estado de derecho en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 2 may (Prensa Latina) Organizaciones de la sociedad civil de Guatemala declararon hoy asamblea permanente en apoyo a las autoridades indígenas ante la criminalización del Ministerio Público (MP) y llamaron a rescatar el Estado de derecho.

Mediante un comunicado, subrayaron que por muchos años y en las grandes movilizaciones del 2015, 2021 y 2023 nutrieron articulaciones, procesos y experiencias, las cuales continuarán en el ejercicio de obligaciones ciudadanas para la defensa de la democracia y de la institucionalidad ancestral.

Explicaron que junto con la Asamblea Permanente de las autoridades originarias buscarán insertarse en la ruta de trabajo trazado por ellos y desarrollar lo propio con los mismos objetivos.

Manifestaron indignación ante las acciones racistas de investigación y criminalización del expresidente de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán Luis Pacheco y el extesorero de esa organización Héctor Chaclán, quienes encabezaron las protestas de 2023 en el país.

Consideraron el actuar del MP una revancha, persecución e irrespeto a las formas organizativas de los pueblos originarios e intento de neutralizar la fuerza comunitaria organizada.

En el texto denunciaron y alertaron a la población sobre las permanentes maniobras del Pacto de Corruptos para debilitar el Ejecutivo, retomar el control de la Junta Directiva del Congreso y mantener el de los territorios a través de alcaldes y otros grupos.

Instaron a sumar esfuerzos en todos los pueblos y barrios de los mayas, garífinas, xincas y mestizos que permitan articularse mejor, ejercer derechos, tomar las decisiones que correspondan para la defensa de la democracia y en la construcción de la Guatemala Plurinacional por el Buen Vivir.

El MP de Guatemala detuvo el miércoles de la semana pasada a ambos exlíderes al acusarlos de cinco presuntos delitos relacionados con las manifestaciones de octubre de 2023 a enero de 2024 en defensa de los resultados electorales.

Un juzgado capitalino los ligó luego a un proceso penal por presunto terrorismo y obstaculización de la acción penal, algo que genera aún diferentes muestras de desaprobación a nivel local e internacional.

lam/znc

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