La Comisión Ocasional que investigó el caso recomendó enjuiciar por incumplimiento de funciones al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; la titular de la cartera de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca; y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

La legisladora Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana y presidenta de dicha Comisión, argumentó que se evidencia invisibilidad de riesgos que enfrentan las mujeres en rangos militares.

El padre de la joven asesinada, Gustavo Ati, estuvo en el plenario de la Asamblea y expresó que la vida de su hija fue interrumpida dentro de un recinto militar, «nos dijeron que se había intoxicado, pero su cuerpo, su rostro y sus heridas hablaron de otras cosas».

«Pedimos justicia y no una verdad alterada», añadió.

No obstante, con 49 votos afirmativos, 58 abstenciones y un voto en contra, los legisladores se negaron a enjuiciar políticamente a los funcionarios.

En junio de 2024, el Ejército informó que la muerte de Ati, de 25 años, ocurrió por asfixia, aunque luego la autopsia reveló signos de posible violación y estrangulamiento y la Fiscalía investigó el hecho como un presunto femicidio.

Sin embargo, en octubre de ese año la justicia decidió que los seis militares procesados por el caso quedarán libres y finalmente el proceso fue cerrado.

En un pronunciamiento, organizaciones feministas y de derechos humanos pidieron a la Asamblea aprobar el informe como un acto mínimo de reparación integral para la familia, porque “Aidita no murió por azar, murió porque el Estado falló”.

Luego, los colectivos acusaron al Legislativo de dar la espalda «a Aidita y a todas las mujeres del Ecuador», al adoptar «una decisión que quedará en la historia como un acto de traición y complicidad con la impunidad».

Ati fue la segunda mujer asesinada en dos años dentro de instituciones del Estado, luego del caso de la abogada María Belén Bernal, ocurrido en septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía, donde su esposo la mató.

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