Los propulsores de esta iniciativa, dirigida hacia la soberanía e independencia de esta isla del Caribe bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace 127 años, esperan que el presidente Donald J. Trump y el Congreso federal acojan su propuesta.

Si esto ocurriera, los promotores del Plan B esperan que para el año 2027 esta isla de 3,2 millones de habitantes emprenda su ruta definitiva hacia la soberanía, con la anuencia de la nación norteña, que mantiene bases militares en suelo puertorriqueño.

El Plan Económico, elaborado por la economista Martha Quiñones Domínguez y el historiador Javier A. Hernández, con aportaciones de los juristas Rolando Emmanuelli Jiménez y Carlos Rivera Lugo, establece una hoja de ruta de 20 años, dividida en fases estratégicas, “para convertir a Puerto Rico en una república moderna, industrializada y de altos ingresos”.

Precisamente, Emmanuelli Jiménez prefirió, ante una pregunta de este redactor, reservarse quiénes son los interlocutores del Plan B Independencia en Estados Unidos, debido a que la gobernante puertorriqueña Jenniffer Colón puede utilizar, dijo, cabilderos pagados con fondos públicos para obstruir el proceso.

Entre sus objetivos destaca la creación de un Fondo de Transición de 36 mil millones de dólares anuales o, alternativamente, un pago único de 489 mil millones de dólares, mecanismos fiscales sostenibles, inversiones en infraestructura, energía, industria, educación y el establecimiento de instituciones soberanas para la gestión económica nacional.

“El Fondo de Transición de 36 mil millones de dólares, es lo mismo que se llevan las empresas extranjeras de Puerto Rico, una suma pequeña con lo que nos debe Estados Unidos”, expresó la economista Quiñones Domínguez.

Afirmó que con el “Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano” demostrarán que, con 36 mil millones de dólares en 20 años, “podemos construir un país diferente, próspero y feliz”.

“Esta propuesta demuestra que no solo es deseable, sino viable y necesaria la independencia de Puerto Rico para atender con responsabilidad, equidad y visión de futuro los desafíos del país”, expresó Quiñones Domínguez en rueda de prensa, en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el sector capitalino de Miramar.

Esta presentación sirve de antesala a una campaña de divulgación nacional e internacional que busca exponer a la comunidad puertorriqueña —en la isla y la diáspora— y a actores internacionales, los fundamentos técnicos y humanos que respaldan una transición ordenada hacia la soberanía.

“El pueblo puertorriqueño merece una conversación seria, basada en datos, sobre las posibilidades reales de un nuevo orden económico soberano. Este plan responde a esa necesidad con rigurosidad, visión y compromiso con el país”, señaló Hernández.

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