En conferencia de prensa la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses reveló el dato de una reciente encuesta y agregó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha aceptado que el censo realizado por ellos anteriormente no constituye una consulta pública de la aprobación o no del embalse.
“Este es el problema principal que queremos denunciar: la violación al Acuerdo de Escazú sobre una verdadera consulta transparente, previa, informada y consentida por los campesinos sobre la construcción o no del embalse”, manifestó el colectivo en un comunicado.
“El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo que el primer paso del proyecto era conseguir la Licencia Social y es correcto, pero no han hecho la consulta pública necesaria, ni han escuchado la voz de los campesinos de río Indio que han dicho alto y claro que no aprueban dicho proyecto”, precisa el documento.
La Coordinadora presentó además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para proteger a las comunidades afectadas.
La demanda solicita la suspensión del proyecto y que una comisión internacional evalúe en el terreno el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, sentencias internacionales de la CIDH y Convenios de Derechos Humanos, así como la realización de una consulta pública de cada campesino de la región.
Por otra parte, convocaron para el venidero 16 de mayo una concentración en la boca de río Indio a través de una marcha acuática y terrestre.
Según expertos de la ACP, la nueva obra que, de iniciarse, tomará unos seis años, es clave dentro del Programa de Proyectos Hídricos, que busca garantizar el suministro de agua potable para más del 50 por ciento de la población panameña, abastecer comunidades cercanas y asegurar el funcionamiento del Canal.
La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico y prevenir crisis futuras como la sequía de 2023-2024, agregaron.
Para mitigar el impacto social, la resolución contempla fondos para compensación, reasentamiento y apoyo a las familias afectadas. El proceso se llevará a cabo bajo estándares internacionales en materia social y ambiental, garantizando la participación informada de las comunidades, precisaron.
Como parte del proyecto, desde agosto de 2024 se lleva a cabo un censo de las familias residentes en la zona del proyecto, el cual finalizó en abril último.
Este registro es fundamental para definir medidas de compensación y reasentamiento de manera justa y transparente.
De acuerdo con datos preliminares, en el área del reservorio hay 538 hogares en los que viven mil 714 personas.
Informes de la ACP indican que la cuenca deL rio Indio abarca una extensión total de 580 kilómetros cuadrados y alberga más de 200 comunidades con una población de más de 12 mil 435 personas distribuidas en tres segmentos.
Sin embargo, el embalse afectará entre mil 700 y dos mil personas pues se origina en la provincia de Coclé, entre las comunidades de Alto de la Mesa y Río Indio Nacimiento.
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