El defensor impuesto por el tribunal, Ricardo Hernández, intervino en una nueva audiencia del juicio contra Castillo por rebelión y otros cargos menores, en el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel para el acusado que solo ejerció la presidencia durante algo más 16 meses.

Mientras el fiscal Edgar Casaverde manifestó que Castillo cometió el acto de rebelión al disponer, como jefe de las Fuerzas Armadas, la disolución del Congreso y la intervención en los órganos de justicia, frente a la posición de la defensa, según la cual el mensaje en el que anunció esas medidas, no fue acatado por los uniformados.

El abogado Hernández dijo que el mensaje fue solo declarativo y no una orden de disolver con violencia el legislativo, pues el plan de Castillo dependía de su cumplimiento en los hechos.

Agregó que el intento respondió a “una crisis política: actos de obstrucción, ataques y destrucción del Estado de derecho por parte del Congreso”; reacción que, admitió fue reñida con la constitución, pero no llega al extremo de ser un delito, lo que Castillo admitió tácitamente al no contradecirlo.

Esa infracción, sin embargo, tiene una sanción política, que es la inhabilitación que prohíbe ejercer cargos en el Estado, hasta por 10 años.

Según el letrado, la Fiscalía no ha probado “un alzamiento violento con el uso de las armas y el mensaje fue un acto político, no de rebelión (delito de alzamiento armado colectivo)”.

De otro lado, uno de los abogados de Castillo que no participar en el juicio, Javier Adrianzén, dijo recientemente que en los próximos meses apelarían a la justicia transnacional para que el juciio actual sea anulado y se cambie a los jueces, por lo que consideran carencia de imparcialidad de dos de los tres jueces.

La acusación contra Castillo tiene entre sus argumentos la acusación de golpista, lo que repiten a diario la mayoría de la prensa y los adversarios políticos del exgobernante.

En ese contexto, una reciente encuesta confidencial de la empresa Apoyo, cuyos resultados trascendieron en redes de Internet, verificó que 59 por ciento opinó que Castillo fue víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para reemplazarlo por la actual gobernante, Dina Boluarte, y 33 por ciento cree que él intentó el golpe.

Además, si el expresidente pudiera ser candidato al Senado en las elecciones generales de abril del próximo año, 36 por ciento votaría por él, definitivamente (15 por ciento) o probablemente (22 por ciento).

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