El pronunciamiento del organismo judicial responde a un pedido de convocar a una Asamblea Constituyente presentado por un gremio identificado como la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador.
La resolución reiteró que toda convocatoria a un proceso para modificar la Carta Magna debe garantizar la participación popular, la transparencia del proceso electoral y la deliberación del órgano constituyente.
«Si bien es legítimo que la ciudadanía o instituciones presenten insumos o propuestas, estas no deben sustituir el trabajo parlamentario y plural que debe realizar la asamblea electa», agregó.
La iniciativa fue presentada en noviembre de 2024, antes de la campaña electoral en la cual el presidente reelecto, Daniel Noboa, manifestó en reiteradas ocasiones su interés por impulsar una Constituyente “para refundar al país”.
Cambiar la ley de leyes en Ecuador requeriría tres consultas populares: una para preguntar a la ciudadanía si desea el cambio, otra para elegir a quienes estarán encargados de redactar el articulado, y otra para aprobarlo o no.
Aunque aún no está confirmado si finalmente el Ejecutivo pedirá convocar a una Asamblea para cambiar el texto constitucional, la aclaración de la Corte llega luego de que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, haya dejado entrever el interés por acortar el camino establecido.
Entre las alternativas planteadas estaría la conformación de una comisión con miembros designados y otros elegidos por voto popular o una asamblea integrada únicamente por representantes de las funciones del Estado, sin votación popular.
Antes del fallo de la Corte de este jueves, el Foro por la Democracia, que agrupa a académicos, juristas y organizaciones sociales, advirtió en un comunicado que esa propuesta de utilizar “notables” sería un retroceso que atenta contra la igualdad y el constitucionalismo moderno.
Hasta el momento, el Gobierno no ha profundizado en los cambios que buscaría en caso de finalmente llamar a la Constituyente y apenas ha mencionado algunos temas.
Entre ellos el supuesto tratamiento privilegiado a personas privadas de libertad, facilitar la inversión privada en sectores estratégicos y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), entidad encargada de designar autoridades.
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