La llamada Marcha Blanca concluyó con una manifestación en el Casco Antiguo, en las inmediaciones de la Presidencia de la República, en rechazo a la iniciativa.

La presidenta de la ANEP, Elidya Espinosa, aseveró que si sus reclamos no son escuchados por el Ejecutivo, iniciarán un paro de labores escalonado a partir del 19 de mayo.

Esta semana también esas profesionales de la salud del Instituto Oncológico Nacional (ION), la CSS y el Hospital del Niño realizaron diversos mítines en los predios de los nosocomios en contra de la nueva Ley Orgánica de la única entidad pública que atiende a jubilados.

Espinosa indicó que además de la huelga en poco más de una semana sostendrán una asamblea abierta para ir evaluando el impacto que tengan las acciones a nivel externo y modificar las decisiones.

La protesta se suma a las de la alianza Pueblo Unido por la Vida, sobre todo docentes y trabajadores de la industria de la construcción, quienes desde el pasado 23 de abril mantienen un paro indefinido hasta que se derogue la norma.

También rechazan y piden se anule un memorando de entendimiento suscrito en abril último entre el Ejecutivo y Estados Unidos, que atenta contra la soberanía nacional, según sus denuncias. Al respecto, el líder de los constructores, Saúl Méndez, refutó la postura del jefe de Estado, José Raúl Mulino, la víspera, quien afirmó que no acudirá a dialogar con las agrupaciones sobre el tema del seguro.

Para el también excandidato presidencial en 2019, corresponde al pueblo con sus movilizaciones abrir los cauces democráticos hasta derogar la Ley 462 y poner fin a las arbitrariedades del Gobierno.

Mulino por su parte reiteró en su conferencia de prensa semanal que le corresponde defender los intereses nacionales y reconoció el derecho constitucional a protestas, pero también al libre tránsito, y adelantó que no permitirá los cierres viales como una de las formas de oposición a las leyes.

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