La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, sin unanimidad, admitir evaluar la denuncia contra Pedro Castillo por una infracción a la Constitución, cometida según la mayoría congresal, por intentar la disolución del Parlamento.

El procedimiento se basa en dos denuncias, según las cuales, el mandatario encarcelado y destituido en diciembre de 2022, “al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y otras medidas autoritarias, quebró el orden constitucional y democrático del país”.

Es seguro que la inhabilitación para el ejercicio de cargos en el Estado durante 10 años, será aprobada por la subcomisión, porque la mayoría congresal es la misma que Castillo intentó neutralizar mediante un golpe de Estado.

De esa instancia pasará a la Comisión Permanente y tras el visto bueno otorgado por esta, la decisión la retomará el pleno legislativo.

La presidenta del grupo parlamentario, María Acuña, desestimó incluir el cargo de rebelión y otros que se ventilan en el Poder Judicial.

El anuncio fue precedido por un mensaje de Castillo de la red X en el que cita una encuesta confidencial de la empresa Apoyo, en la que, según el 59 por ciento de los encuestados opinan que Castillo fue víctima de un golpe de Estado dado por el Congreso.

“Ahora no pueden negar que el pueblo peruano, mayoritario, contundente, consciente y certeramente, afirma que fue el Congreso golpista, junto con su aliada, la usurpadora Dina Boluarte, quienes dieron el golpe de Estado contra mi gobierno”, aseveró.

De otro lado, el exabogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el exmandatario tiene razón en su impugnación al tribunal que lo juzga, para lo cual argumenta que “no reúne las condiciones mínimas de imparcialidad e independencia”. Citó el caso de la magistrada Norma Carbajal, quien antes de integrar el tribunal, rechazó 20 apelaciones de Castillo, por lo cual debió inhibirse.

Según el letrado, el exmandatario tiene todo en contra y su condena está decidida de antemano, por lo cual está en su derecho usar todos los recursos legales para recuperar su libertad.

“Su prisión es injusta. Considero que el caso es injusto porque no hay delito de rebelión”, dijo, adhiriendo al argumento de quienes sostienen que ese delito solo puede imputarse ante un alzamiento colectivo en armas, lo que, afirman, no hizo Castillo.

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