“Se abrió una investigación previa por terrorismo. Como parte de las diligencias, se elaboran las actas de entrega de cadáveres, que serán llevados a Quito vía aérea”, informó la Fiscalía en la red social X.
Luego de las autopsias y los trámites legales correspondientes, los cuerpos de los uniformados fallecidos fueron trasladados a esta capital para realizar las honras fúnebres en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro.
El presidente Daniel Noboa decretó tres días de duelo nacional, desde este sábado hasta el lunes 12 de mayo “en honor a estos soldados que ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país”, según un comunicado de la Presidencia de Ecuador.
Además, el mandatario declaró a los militares asesinados como Héroes Nacionales y aseguró que el crimen no quedará impune.
“Encontraremos a los responsables y los acabaremos”, escribió Noboa en la red social X.
Este viernes, el Ejército de Ecuador confirmó la muerte de los 11 soldados, además de un herido, tras una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal en los límites entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo.
Además, hubo un fallecido perteneciente a un grupo ilegal armado.
Según el relato oficial, el ataque ocurrió cuando se realizaban operativos contra la minería ilegal en el sector Alto Punino, donde participaban 80 militares armados y equipados.
Durante la operación, uno de los equipos fue emboscado con explosivos, granadas y fusiles, indicó el Ejército.
Diversas instituciones, políticos y organizaciones sociales de Ecuador rechazaron el ataque y expresaron condolencias a los familiares de los militares asesinados.
Las autoridades ecuatorianas atribuyeron el ataque al grupo armado Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No obstante, Comandos de la Frontera negó su responsabilidad en un comunicado difundido por medios locales ecuatorianos.
Este hecho ocurre en el contexto de la crisis de seguridad existente en Ecuador, donde el presidente Noboa declaró en enero de 2024 la existencia de un conflicto armado interno y desde entonces los militares actúan en operativos contra el crimen organizado.
Sin embargo, la violencia asociada a delitos como la minería ilegal y el tráfico de drogas persiste y en el primer trimestre el país registró dos mil 361 homicidios, una cifra alarmante que supera los asesinatos contabilizados en igual periodo de 2023, año más violento en la historia nacional.
npg/avr
