La algarabía recorrió la geografía peruana cuando el nuevo y carismático sucesor de Francisco, en su primer mensaje, saludó en español a su feligresía de la ciudad norteña de Chiclayo, de la que fue obispo hasta que en enero de 2023 lo llamó a Roma, donde lo hizo cardenal.

Allí su antecesor le encargó la selección de los nuevos obispos y, al parecer, lo encaminó a ocupar el trono de San Pedro.

Decenas de autoridades católicas, curas, devotos y gente común, cuentan a diario experiencias y anécdotas del hoy Papa, en Chiclayo y otras ciudades como la norteña de Trujillo, Lima, el puerto del Callao, la amazónica Iquitos, la región andina de Apurímac y otras tierras que recorrió en Perú, a caballo cuando hizo falta.

No se equivocó la presidenta peruana, Dina Boluarte, cuando al saludar la elección dijo que el nuevo Papa “ama al Perú” y cuentan desde Roma que en las conversaciones previas a la votación, fue notoria la familiaridad de Prevost con los cardenales peruanos Pedro Barreto y Carlos Castillo, sus amigos.

El tema en torno a León XIV se vinculó con la política peruana, que comenzó a recuperar su protagonismo de pugnas y crisis, al trascender la visita del nuncio apostólico Paolo Rocco a la mandataria, en la cual la habría invitado a la ceremonia de entronización del nuevo Papa.

La posibilidad del viaje generó controversia en el Parlamento, que le negó el permiso para viajar a Roma a las exequias del papa Francisco, aunque el intenso vínculo del nuevo pontífice con Perú puede determinar esta vez el visto bueno congresal.

El grato acontecimiento más importante de la semana no alcanzó para que quede atrás la indignación general por la tortura y el asesinato de 13 guardianes civiles por sicarios cuyos restos fueron hallados el domingo último.

La mayoría de los partidos y la prensa señalaron al Gobierno como responsables por inacción frente a un problema grave como el de Pataz, donde la minería ilegal e intereses de grandes empresas, mineros informales e ilegales y también delincuentes, acumula desde hace años un rastro de muertes y atentados.

En el Parlamento, se completaron rápidamente las firmas de cuatro mociones de censura (destitución) al primer ministro, Gustavo Adrianzén, sobre todo por sus declaraciones displicentes sobre la desapariciones en Pataz que terminaron con las 13 muertes.

Adrianzén respondió que tiene plena voluntad de renunciar si así aportara a solucionar la situación y advirtió que si fuera censurado, lo que arrastraría a todo el gabinete ministerial, y el nuevo elenco gobernante fuera también rechazado, el Gobierno quedaría habilitado para disolver constitucionalmente el Congreso.

Las diversas bancadas legislativas y la prensa interpretaran sus palabras como una amenaza y sondeos periodísticos y políticos indicaron que el viernes último que había mayoría de votos para la censura, aunque el premier negó haber amenazado al Congreso.

Ese viernes, la presidenta Boluarte visitó Pataz bajo fuerte resguardo y llegaron a mil 100 policías para controlar el territorio bajo el mando de las Fuerzas Armadas, se renovó el estado de emergencia allí reinante desde hace más de un año y entro en vigencia el toque de queda y otras medidas de emergencia criticadas por quienes las consideran improvisadas y efectistas.

Lanzó además una vehemente arenga a las tropas para el combate con la criminalidad vinculada a la minería ilegal y se reunió a puerta cerrada con los mandos militares y policiales.

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