El atentado, que las autoridades ecuatorianas atribuyeron a la estructura armada que opera en Colombia llamada Comandos de Frontera, se debió a una emboscada en el transcurso de un operativo contra la minería ilegal en los límites entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo, en el noreste ecuatoriano.

A propósito del suceso, Sánchez escribió en su cuenta de la red social X que el hecho enluta a toda la región y evidencia “la amenaza que representan los grupos armados organizados que delinquen en zonas fronterizas, que no conocen de límites ni humanidad”.

Su violencia criminal es inadmisible y debe ser enfrentada con toda la fuerza del Estado. Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo articulado y sostenido con Ecuador para garantizar la seguridad en la frontera común. No permitiremos que el crimen organizado transnacional fracture la unión o la tranquilidad de nuestros pueblos hermanos”, afirmó.

En tanto, en un comunicado que circula en medios locales, la mentada estructura armada negó su participación en los eventos de la víspera.

Alegó el grupo que solo hacen presencia en territorio colombiano y que no desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares del país y tampoco contra las fuerzas de los países vecinos.

Por otra parte, sostuvo que Ecuador experimenta una proliferación de bandas criminales delincuenciales como los Choneros, los Lobos, los Tiguerones entre otras, y que el atentado puede deberse a una de esas estructuras.

Comandos de Frontera integra junto con una parte de la Segunda Marquetalia una organización autodenominada como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se encuentra actualmente en diálogos de paz con el Gobierno de Colombia.

Hace un mes, ambas partes adoptaron acuerdos sobre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el retorno de los desplazados a la región del Putumayo (sur) y acerca de la elaboración de una metodología para alcanzar un pacto definitivo.

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