La actuación de ambas instituciones estatales en la generación eléctrica incumple con el marco normativo y técnico aplicable, lo que incrementa el riesgo de racionamientos de esa energía y traslada costos acumulados a las tarifas del 2025, declaró la Contraloría General de la República (CGR).

Una auditoría de esa entidad concluyó que las decisiones tomadas “comprometieron el principio de servicio al costo y la seguridad del suministro eléctrico”, al priorizar la estabilidad tarifaria sin considerar plenamente las consecuencias sobre la capacidad de respaldo del sistema, añadió el diario La República.

El control de la CGR, contenido en un informe oficial que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, muestra entre sus hallazgos más relevantes, que el ICE retiró unidades de generación térmica sin atender a sus propios estudios técnicos.

La instancia de administración de electricidad –añade la auditoria, según el citado periódico- exportó energía en contextos de déficit hídrico y arrendó plantas térmicas de forma tardía, lo cual provocó racionamientos y costos adicionales para la ciudadanía.

La gestión de control de la CGR cuestionó, además, que la Aresep modificara la metodología tarifaria del Costo Variable de Generación, sin analizar adecuadamente sus impactos.

El organismo regulador criticó en especial que el ICE retirara en 2021 y 2022 las unidades 8 y 10 de la Planta Térmica Moín —68 MW, en total— pese a que “sus estudios técnicos indicaban que esas dependencias generadoras eran necesarias y aun no estaban obsoletas”.

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