Se repiten patrones detectados, fraccionamiento, existencia de total disposición para evadir procesos competitivos, intención de asignar fondos públicos directamente a empresas cuestionadas, explicó el Comisionado Nacional Contra este flagelo, Julio Flores.

Señaló aspectos de simulación contractual, cómo se formalizaba la prestación de algún servicio público cuando en realidad era otro y cómo con el dinero de los y las guatemaltecas se pagaban servicios que nunca fueron prestados.

En la habitual conferencia de prensa llamada La Ronda desde la sede del Gobierno, el funcionario añadió pagos, asignaciones presupuestarias sin registros, constancias o contratos que acompañaran esas erogaciones.

Calificó de preocupante que se vuelven a ver cómo diversas redes se ponían de acuerdo para defraudar al Estado (lo cual podría tratarse algo similar al caso B410, empresas fantasmas creadas para evadir impuestos, expuestas aquí en 2024).

El oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud y Asistencia Social del país, Mynor Melgar, describió, por su parte, que resulta la cuarta denuncia de la cartera a partir de auditorías internas realizadas.

Parte –argumentó- de un patrón sistemático, que se replica en buena cantidad de las unidades ejecutoras, de la simulación de eventos de licitación, particularmente el servicio de arrendamiento de equipos de cómputos y remozamientos.

Consideró esta la vía probable por la cual se logró sustraer una buena cantidad de recursos al Estado en el período entre 2020 y 2023 (durante la administración del presidente Alejandro Giammattei).

El hallazgo de la auditoría revela documentación incompleta, que no se siguieron todos los procedimientos, pero lo más grave es que el servicio o no se prestó, fue parcial o está con un sobreprecio, amplió Melgar.

Da una alerta sobre otros hechos que pudieran estarse produciendo o sobre este mecanismo de corrupción, aseveró.

Por primera vez –destacó antes Flores- cada una de las dependencias del Ejecutivo tiene una unidad o instancia especializada en materia de probidad (67 en funcionamiento).

Además, mencionó el fortalecimiento de Comisión Nacional contra la Corrupción para tener un alcance territorial clave.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ubicó en el centro de su administración la lucha contra estos fenómenos y emitió más de cinco acuerdos gubernativos vinculados directamente con el tema.

A pesar de estos esfuerzos, el propio mandatario advirtió que la fiscal general, Consuelo Porras, aparece como un obstáculo para las investigaciones clave que podrían destapar diferentes redes.

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