La fiscal, Delia Espinoza, planteó el tema en la conmemoración del 44 aniversario del Ministerio Público y dijo que este analiza las acciones legales que adoptará para revertir la norma.

El Poder Judicial y el Ministerio Público argumentan que la norma viola la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de niños y adolescentes, por lo que es ilegal debido a que la Constitución determina que los compromisos internacionales tienen fuerza de ley en Perú.

El Parlamento, que aprobó la ley, y el Gobierno, que la puso en vigencia, argumentan que es necesaria para delitos graves como el de sicariato, que tiene en jaque a la población con muertes diarias cometidas por adolescentes por encargo de bandas de extorsionadores.

“Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos?”, dijo Espinoza, al señalar ese es un camino equivocado que se debe rectificar.

La nueva norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad de Adolescentes y dispone juzgar como adultos a los muchachos de 16 y 17 años que cometan delitos como asesinato, extorsión y violación sexual.

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, que dirime controversias como la presente, dijo que si el tema -como es seguro-, llega a sus manos, la corte examinará los factores en juego y reconoció que, hasta entonces los jueces podrán negarse aplicar la ley y acatar la Convención sobre Niños y Adolescentes.

Similar actitud asumieron la mayoría de los jueces, por otra convención internacional, ante una ley que dispuso la prescripción de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, policías y civiles antes de 2002.

“No vamos a permitir que esta nociva ley continúe en vigencia”, dijo con firmeza la fiscal Espinoza, y la jueza de la sala constitucional de la Corte Suprema, Elvira Alvarez, expresó que la ley equivale a volver a la época de las cavernas.

También generan resistencias de jueces y fiscales las normas aprobadas por el Congreso que recortan o neutralizan medidas contra la criminalidad, como las normas de exclusión de dominio (retención de patrimonio de investigados por narcotráfico y otros delitos), detención preliminar y sorpresivos allanamientos judiciales, entre otras.

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