Como se sospechaba, congresistas del Partido Conservador, el Centro Democrático y el Cambio Radical aseguraron que votarán en contra la de la celebración del ejercicio de participación ciudadana.

También el senador liberal Miguel Ángel Pinto, que fue uno de los ocho legisladores que el pasado 18 de marzo hundió la reforma laboral, dijo que se oponía a la iniciativa.

Por otra parte, los congresistas del Pacto Histórico y de otras bancadas afines al Gobierno respaldaron la propuesta.

Isabel Zuleta, por ejemplo, expresó que “un pueblo valiente dice sí a la consulta popular, un senador o una senadora valiente dice sí a la consulta popular, porque no le debe tener miedo al constituyente primario” que es el pueblo.

De su lado, la senadora Gloria Flórez pidió a la ciudadanía crear en todo el país comités de apoyo al proceso.

En tanto, Antonio Correa, del Partido de la U, manifestó que tanto él como otros cinco compañeros de su bancada respaldarán la iniciativa.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, planteó en su intervención que existe una confrontación política por parte de los congresistas que hunden iniciativas como la reforma laboral.

Citó la Ley 134 de 1994, la cual señala de que haber un “bloqueo institucional” o “conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo”, una convocatoria a una consulta popular tiene total legitimidad.

La votación sobre el ejercicio de participación ciudadana ocurrirá mañana.

Aunque de manera inicial se especuló que para la aprobación del proceso se requeriría de una mayoría absoluta, o sea 54 votos de 106, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dejó entrever que se apelará al método de mayoría simple debido a que la consulta se tramita de manera similar a un proyecto de ley ordinario.

Con esta última modalidad solo se precisaría que acuda la minoría del quorum de la Plenaria, es decir 54 legisladores, y el voto predominante será la opción que dentro del número total de asistentes alcance mayoría.

El pasado 1 de mayo Petro radicó ante el Senado de la República el cuestionario propuesto, que contiene una docena de preguntas sobre el ámbito laboral.

La primera de ellas inquiere acerca de si está de acuerdo con que el trabajo diurno dure máximo ocho horas y no se extienda más allá de las 18 horas, en tanto la segunda cuestiona sobre la pertinencia de pagar un recargo del 100 por ciento por la labor desempeñada en una jornada de descanso, dominical o festiva.

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