Los conservadores y los integrantes de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, aseguraron que rechazarán la celebración del ejercicio de participación ciudadana, a los que también se sumarían otros del Liberal, entre los que se halla el senador Miguel Ángel Pinto.

En contraposición, los congresistas del Pacto Histórico y de otras bancadas afines al Gobierno respaldarán la propuesta.

La senadora María José Pizarro, por ejemplo, defendió vehementemente la iniciativa.

“Le pedimos a Colombia que vigile cómo votan la consulta popular quienes dicen representar su voz en el Senado; si están del lado del pueblo o de sus financiadores, y evalúen si merecen regresar al Congreso en 2026”, afirmó.

En tanto, Antonio Correa, del Partido de la U, manifestó que tanto él como otros cinco compañeros de su bancada respaldarán el ejercicio.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, planteó en su intervención que existe una confrontación política por parte de los congresistas que hunden iniciativas como la reforma laboral.

Citó la Ley 134 de 1994, la cual señala que de haber un “bloqueo institucional” o “conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo”, una convocatoria a una consulta popular tiene total legitimidad.

Aunque de manera inicial se especuló que para la aprobación del proceso se requeriría de una mayoría absoluta, o sea 54 votos de 106, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dejó entrever que se apelará al método de mayoría simple debido a que la consulta se tramita de manera similar a un proyecto de ley ordinario.

Con esta última modalidad solo se precisaría que acuda la minoría del quorum de la Plenaria, es decir 54 legisladores, y el voto predominante será la opción que dentro del número total de asistentes alcance mayoría.

En caso de que la consulta reciba el respaldo suficiente, el presidente de la nación cuenta con un lapso de tres meses para convocar a la población a las urnas.

El pasado 1 de mayo, el mandatario Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República el cuestionario propuesto, que contiene una docena de preguntas sobre el ámbito laboral.

La primera de ellas inquiere acerca de si está de acuerdo con que el trabajo diurno dure máximo ocho horas y no se extienda más allá de las 18 horas, en tanto la segunda pregunta sobre la pertinencia de pagar un recargo del 100 por ciento por la labor desempeñada en una jornada de descanso, dominical o festiva.

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