En su habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario se refirió a la huelga indefinida decretada hace 23 días por docentes y constructores, entre otros sectores, y sobre los cierres de calles, sobre todo en localidades como las occidentales Chiriquí y Bocas del Toro; pero reafirmó que defenderá el derecho al libre tránsito, al costo que sea necesario.
Este país no está en una convulsión social, hay focos aislados en algunas provincias, indicó, pero no para llegar al extremo de decretar estados de sitio en los territorios, agregó.
También agradeció comentarios como los del exmagistrado y abogado Arturo Hoyos, quien le recordó que el Estado de Derecho le da potestad al Gobierno de suspender las garantías constitucionales, cuando hay graves alteraciones en el orden público, posibilidad que no excluyó del todo.
“Al costo que sea, este país no se va a trancar”, remarcó.
Acompañado en la rueda de prensa de los ministros de Seguridad, Frank Ábrego; de Trabajo, Jackeline Muñoz; y de Comercio, Julio Moltó; además del director de la CSS, Dino Mon, el gobernante reafirmó que no convocará a la Asamblea nacional (parlamento) para evaluar la demanda de los manifestantes sobre la derogación de la norma sancionada en marzo pasado.
Para Mulino, puede que los reclamos de las protestas sean legítimos, pero se han sumado personas con intereses políticos, señalando directamente al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames, extitular del parlamento en la anterior administración; y a Juan Jované, exdirector de la CSS.
De otra parte, insistió que avance una mesa de diálogo de una comitiva del Ejecutivo enviada a Changuinola(Bocas del Toro) para conversar con el sindicato de los trabajadores del sector bananero, en particular su líder Francisco Smith, para impedir que la empresa Chiquita abandone el país y deje sin efecto unos siete mil 300 empleos.
Mulino fue nuevamente frontal en sus críticas hacia el sindicato de los trabajadores de la construcción, que llamó mafiosos, gremios docentes y pueblos originarios que mantienen manifestaciones en rechazo a la Ley 462, así como a una eventual reapertura de la mina de cobre de Donoso(Colón) y al Memorándum de Entendimiento firmado con Estados Unidos.
En otra parte de su comparecencia, el jefe de Estado insistió en que el Canal es de Panamá y de los panameños.
En ese sentido, negó que el más reciente pacto firmado con Washington establezca mayor presencia militar estadounidense, que justificó en el caso del fuerte Sherman (Colón) con labores de acondicionamiento y mejoras del centro de adiestramiento para la capacitación de los uniformados locales.
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