Según el anuncio del Ministerio de Seguridad, la vía permitirá el transporte gratuito de mercancías hacia el occidental territorio, debido a bloqueos de carreteras por parte de pobladores y de trabajadores del sector bananero.

Además de atender el abastecimiento, el servicio estará disponible para personas con citas médicas en la ciudad capital, así como para las instituciones que necesiten enviar provisiones a la zona, agregó la fuente.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) mantiene este paro debido a las reformas a la CSS, norma que afecta sus jubilaciones.

La víspera, el presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó una salida política y dialogada ante la crisis, lo que ha azuzado las manifestaciones populares.

“Al costo que sea este país no se va trancar”, sostuvo el mandatario en su conferencia semanal , donde reiteró puntos clave de la estrategia como endurecimiento policial en las calles y procesos judiciales para las personas que, según señaló, “violen la ley”.

Si bien el mandatario calificó los reclamos del sindicato de las bananeras -único actor en protesta con el que el Ejecutivo tiene conversaciones-, como un asunto meramente “sindical”, sin relación directa con la Ley 462, el secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, reafirmó que piden derogar la normativa.

Mulino manifestó que de no llegar a un “entendimiento” procederá a abrir la vías. “Si eso no se da, no queda otro camino que abrir Bocas”, dijo.

También mencionó a funcionarios asociados a las protestas como el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, a quien acusó de corrupción en nombramientos en el parlamento.

Igualmente, volvió a recalcar su postura sobre los colectivos, en particular del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) al que calificó de “mafia” y cuyas cuentas ordenó cerrar en los bancos estatales en agosto de 2024.

A la huelga indefinida decretada por los docentes desde el 23 de abril pasado se han incorporado constructores, indígenas, estudiantes y grupos del sector salud, con manifestaciones y cierres en la mayoría de las provincias del país y al menos dos comarcas.

La postura de las organizaciones populares se centra en pedir la derogación de la ley, que consideran que “degrada” el sistema de pensiones y ofrece “jubilaciones de hambre” bajo el modelo de cuentas individuales, especialmente por la alta informalidad y desigualdad en Panamá.

Exigencias a las que se han sumado las críticas a los acuerdos recién firmados con Estados Unidos, que distintos grupos denuncian que autoriza instalar bases militares.

La víspera, integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida presentaron ante el parlamento una denuncia contra el presidente Mulino por el delito contra la personalidad internacional del Estado. Según los abogados, se trata de acciones que atentan contra la soberanía y lesionan a la patria, luego que el dignatario permitiera la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, el pasado 9 de abril, violando todas las normas constitucionales como entregar para debate ese documento en el legislativo y luego someterlo a un referendo popular.

En un mitin frente a la sede del Legislativo, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, rechazó que Mulino lejos de acatar las normas, se dedica a reprimir y amenazar al pueblo organizado en las calles, arrestar a sus lideres y judicializar las protestas.

Méndez aseveró que se mantendrán en las calles y no permitirán la entrega del territorio para bases militares estadounidense ni el robo de los fondos de la CSS para entregarlos a los bancos y las administradoras privadas de pensiones.

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