Según explicó el dirigente Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) , unos 23 gremios se mantendrán en paro a nivel nacional y solo retornarán a las aulas cuando se derogue la norma.

Esa posición se da en medio de un llamado del Ministerio de Educación (Meduca) a los maestros y profesores en huelga para que regresen a sus planteles y retomen la atención presencial a los estudiantes.

Junto a los pedagogos, en los últimos siete días, constructores y enfermeras marcharon por céntricas avenidas de la capital, pero además se manifestaron en Colón, Darién, Chiriquí, Veraguas y la comarca indígena Ngäbe Bugle, asi como cerraron vías en la occidental provincia de Bocas del Toro.

En este último territorio una comisión gubernamental inició conversaciones con los trabajadores del plátano, principal rubro de exportación, que abandonaron las plantaciones.

De otra parte, el Gobierno decidió habilitar un puente aéreo humanitario con Bocas del Toro, y de esa manera permitir el transporte gratuito de mercancías hacia esa zona, debido a bloqueos de carreteras por parte de pobladores y de trabajadores del sector bananero.

Mientras el el presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó una salida política y dialogada ante la crisis, lo que ha azuzado las manifestaciones populares.

Desde sus inicios, la postura de las organizaciones populares se centra en pedir la derogación de la ley, que consideran que “degrada” el sistema de pensiones y ofrece “jubilaciones de hambre” bajo el modelo de cuentas individuales, especialmente por la alta informalidad y desigualdad en Panamá.

Exigencias a las que se han sumado las críticas a los acuerdos recién firmados con Estados Unidos, que distintos grupos denuncian que autoriza instalar bases militares.

De su parte, las autoridades indígenas Ngäbe-Buglé denunciaron que su comarca ha sido sitiada militarmente por las fuerzas de seguridad, que persiguen y sacan de sus casas a familias enteras, en medio de las protestas .

De acuerdo con el alcalde de Ñurum, Pedro Camaño, los persiguen por esa región como si fueran criminales, empujándolos montaña arriba, alejándolos de toda cercanía a la carretera interamericana.

También trascendió que integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida presentaron ante el parlamento una denuncia contra el presidente Mulino por el delito contra la personalidad internacional del Estado.

Según los abogados, se trata de acciones que atentan contra la soberanía y lesionan a la patria, luego que el dignatario permitiera la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, el pasado 9 de abril, violando todas las normas constitucionales como entregar para debate ese documento en el legislativo y luego someterlo a un referendo popular.

Mientras, en río Indio (Colón), portando banderas y carteles, un grupo de campesinos realizó una protesta acuática en contra del proyecto del embalse que tiene entre sus planos construir la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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