El diario contrastó esa situación, mediante un artículo del comentarista Carlos Salazar F., con el contexto de “una nación tradicionalmente asociada con la estabilidad democrática y la ausencia de fuerzas armadas”.

En el centro de la controversia –estima el autor de “Narcotráfico y paramilitarismo amenazan Costa Rica”- se encuentra José Fabio Pizarro, exdirector de la Fuerza Pública y condenado por narcotráfico, quien hizo un llamado público a exuniformados “para movilizarse en apoyo al presidente Rodrigo Chaves”.

Lo que podría parecer una simple manifestación –afirma – “es interpretado por muchos sectores como una señal alarmante de militarización política, posible connivencia con estructuras criminales, y una peligrosa deriva autoritaria”.

Según El Nacional, la convocatoria de Pizarro, difundida por mensajes de voz y textos en redes de mensajería, pide manifestarse a “exmiembros del batallón, expolicías y comandos” “uniformados con fatigona” en San Carlos, Región Huetar Norte, una de las zonas más sensibles en términos de seguridad.

El articulista advierte que el exdirector de la Fuerza Pública “no es un personaje menor ni nuevo en el paisaje de seguridad costarricense, pues su historial se remonta a momentos clave de tensión nacional”.

En 2013 –recordó Salazar- fue uno de los organizadores del grupo conocido como “Patrulla 1856”, creado durante el conflicto con Nicaragua.

Aunque inicialmente se presentó como una expresión de patriotismo popular, investigaciones posteriores revelaron que esa estructura fue utilizada para facilitar operaciones de narcotráfico con carteles mexicanos.

Cinco años después, en 2018, Pizarro fue condenado por el trasiego de más de 200 kilos de cocaína, sentencia que lo colocó en la lista de criminales más notorios del país.

Para Salazar, el hecho de que hoy el exoficial convoque a una movilización militarizada en respaldo al presidente genera una inquietud legítima sobre la relación entre el crimen organizado y el poder político.

El Nacional describe que la respuesta institucional no se ha hecho esperar, pues la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, alertó sobre los riesgos de normalizar este tipo de movilizaciones.

“Fuerzas casi de carácter paramilitar –expresó- piensan en sustituir la institucionalidad para resolver conflictos. Es nefasto que se plantee incluso una guerra civil para proteger la impunidad del Ejecutivo”.

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