Según la plataforma, que incluye expertos de la Universidad Central del Ecuador, la propuesta legislativa parte de supuestos erróneos, sobredimensiona la respuesta militar y no reconoce la infiltración criminal en las instituciones del Estado.

Uno de los puntos claves del proyecto es que reconoce oficialmente un “conflicto armado interno”, lo que abre la puerta a un “estado de guerra” y deja en suspenso la vigencia plena de derechos.

Además, permite el uso directo de la fuerza sin control judicial, la creación de zonas de seguridad sin supervisión y hasta detenciones sin orden judicial.

El texto también plantea que los militares y policías podrían quedar fuera del régimen jurídico ordinario, e incluso recibir indultos anticipados del presidente en caso de ser procesados.

“El Estado de derecho queda en un limbo”, enfatiza el análisis que advierte que, lejos de frenar las economías ilícitas, ese enfoque podría reforzarlas al crear espacios de excepción y eliminar controles para actores estatales posiblemente coludidos con el crimen.

Incluso podría configurarse un nuevo equilibrio mafioso, donde disminuyan los homicidios, pero se consoliden redes de protección criminal desde el propio Estado.

Frente a este panorama, el informe recomienda a la Asamblea Nacional (Parlamento) negar el proyecto de ley, mientras que al Gobierno le exige medidas urgentes: control de armas, desarticulación de redes de crimen transnacional, y una reforma policial y militar con supervisión externa.

“El capital político de Noboa podría servir para esas reformas. Si no lo hace, la captura criminal del Estado será irreversible”, indica el texto académico.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, defendió la ley impulsada por Noboa y afirmó que esa normativa permitirá construir un Estado de paz.

En entrevista con una emisora local, el funcionario señaló que de esa forma se evitaría, por ejemplo, que de los 85 mil sujetos capturados durante la declaratoria de conflicto armado interno, decretado en 2024, solamente una mínima parte guarde prisión.

Es necesario que las leyes cambien en la Asamblea para que los militares no solo ejecuten sus operativos vía estados de excepción, como ocurre en la actualidad, afirmó Reimberg.

Para justificar la propuesta, el texto del proyecto de ley menciona que Ecuador registra entre enero y abril de este año un total de tres mil 84 homicidios, a pesar de la militarización y otras medidas del Gobierno de Noboa.

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