De acuerdo con el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, los obreros exigirán la liberación de uno de los líderes del gremio, Jaime Caballero, apresado y enjuiciado por presunto lavado de capitales, en medio de un amañado juicio político y persecución de dirigentes.

Desde el pasado 23 de abril, convocada por los docentes, varias organizaciones forman parte de esa medida de presión y exigen al Gobierno derogue la norma que permite el robo de los recursos de la CSS y privatiza sus servicios, aunque el Ejecutivo insista en sus beneficios, mientras aumenta la represión policial de las protestas en todo el istmo.

En la jornada integrantes de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá(ANEP) anunciaron también que irían a un paro escalonado.

Las profesionales de la salud protagonizaron hace 10 días la llamada Marcha Blanca que concluyó con una manifestación en el Casco Antiguo, en las inmediaciones del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), en rechazo a la iniciativa.

De acuerdo con la presidenta de la ANEP, Elidya Espinosa, a esa protesta se podrían incorporar sus colegas del Instituto Oncológico Nacional y el Hospital del Niño, quienes antes realizaron mitines en los predios de los nosocomios en contra de la nueva Ley Orgánica de la CSS.

Mientras, las autoridades tradicionales de Guna Yala y líderes comunitarios hicieron un llamado al pueblo originario a mantenerse unido y respaldar la lucha nacional contra las políticas gubernamentales que consideran perjudiciales.

Los indígenas rechazan además de la Ley 462, el acuerdo suscrito con Estados Unidos que permite la presencia de tropas extranjeras en el país y la intención de reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a una fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que ordenó el cierre de las operaciones.

Al respecto, denuncian que estas medidas vulneran derechos indígenas y promueven la explotación de recursos.

En ese sentido, la Junta Directiva del Congreso General de Ngäbe Buglé instó a defender el territorio, la soberanía y el equilibrio ambiental, y a sumarse a las manifestaciones en favor de un Panamá más justo y sostenible.

Representantes del movimiento popular rechazan además la postura del presidente de la República, José Raúl Mulino, que se niega a dialogar con los manifestantes como vía de la solución a la crisis e impulsa una brutal represión policial.

En la más reciente conferencia de prensa, el mandatario aseveró incluso que le corresponde defender los intereses nacionales, al tiempo que reconoció el derecho constitucional a protestas, pero también al libre tránsito, y adelantó que no permitirá los bloqueos de carreteras como una de las formas del rechazo a esas normas.

La víspera, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, revocó el toque de queda decretado por los gobernadores de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, medida que no contaba con el respaldo de la Presidencia y fue vista como una salida desesperada a la tensa situación social.

Mientras, una comisión gubernamental avanza en conversaciones con los trabajadores del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro, con importantes cierres viales, lo cual motivó que el Ejecutivo estableciera un puente aéreo humanitario para llevar mercancías, insumos y productos de primera necesidad a esa población.

Ante la escalada de acciones represivas contra el pueblo que se manifiesta en las calles contra la Ley 462, varias agrupaciones denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las fragantes violaciones a las libertades sindical y civiles.

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