Esta iniciativa de Gobierno fue propuesta por el presidente Nicolás Maduro, enriquecida en miles de asambleas con las bases con el objetivo de convertir a la nación sudamericana en una potencia, y recibió el visto bueno de los diputados en su primera discusión el pasado 13 de febrero.
Varios de los legisladores intervinieron en la sesión ordinaria de este lunes para expresar la importancia de esta estrategia del Ejecutivo, que parte de los cinco consensos nacionales creados a partir de los cinco grandes objetivos del Plan de la Patria o Plan de Desarrollo Económico y Social, creado por Hugo Chávez.
Las 7T están dirigidas a modernizar y consolidar la economía; la independencia plena en sus dimensiones política, científica, cultural, educativa y tecnológica; perfeccionar el modelo de convivencia ciudadana; y modificar de manera total el modelo de protección humanista.
De igual manera, consolidar la democracia directa, con ética republicana; el enfrentamiento a la crisis climática; y la geopolítica, que plantea la inserción y el liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial.
Al intervenir, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez manifestó que la aprobación de este proyecto de ley da un espaldarazo al Ejecutivo Nacional en sus planes de establecer las bases para el desarrollo pleno de la nación sudamericana.
Se trata, afirmó, de establecer las bases para el desarrollo pleno, que es ir a “buscar la abundancia, la economía sana y todos poder llegar a la vida plena”, remarcó.
Rodríguez destacó que esta ley es la número 93 aprobada por la actual legislatura, que inició en 2021 y finalizará en enero próximo, y la antepuso al periodo anterior gobernado por la oposición (2015-2021) cuando solo fue sancionada una sola disposición.
Sobre la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Nacional de las 7T, el legislador expresó que dibuja el país del futuro y “profundiza la razón de ser de la Revolución bolivariana, en la equidad, la justicia, la igualdad y la recuperación del estado de bienestar”.
La nueva disposición pasará ahora a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para validar la constitucionalidad de su carácter orgánico, según lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República.
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