La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida presentará el lunes un recurso judicial para solicitar la nulidad del contrato, actualmente suspendido por 90 días, mientras el consorcio privado adjudicatario de la obra y el gobierno del presidente Yamandú Orsi renegocian las condiciones del mismo.

«El proyecto es inconstitucional», aseguró la integrante de la comisión María Selva Ortiz, en diálogo con radio Monte Carlo, y añadió que «todo el proceso ha violado normas internacionales en materia de ambiente y derechos humanos

Por este motivo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, junto con la Federación de Funcionarios de Ose y la agrupación Tucu-Tucu, presentarán el lunes un pedido de nulidad del contrato que estará «acompañado por una medida cautelar de no innovar en lo que es el inicio de construcción de las obras».

Tales organizaciones cuentan con la asesoría de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).

«Lo que nosotros estamos proponiendo es que un juez analice todas las evidencias que tenemos y hemos acumulado durante estos años, y declare que ese contrato es nulo”, argumentó.

Opinó que en ese caso el Estado no tendría afrontar ningún tipo de costo ya que no se trataría de un incumplimiento de las obligaciones asumidas en los últimos días de la administración del presidente Luis Lacalle Pou.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseveró a diferentes organizaciones sociales y dirigentes políticos del departamento de San José, donde se haría la obra, todo el proyecto “está arriba de la mesa» para su revisión.

Cinco de los seis candidatos a la intendencia de San José que compitieron en los comicios regionales del 11 de mayo firmaron un documento contrario a las obras en el territorio.

Arazatí tiene la finalidad de garantizar el acceso al agua potable al área metropolitana mediante la extracción del vital líquido del Río de la Plata, con alta salinidad y también contaminación, según detractores que también reclaman la privatización del servicio.

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