Mediante un video publicado en redes sociales, Salazar señaló que cuando asumió el puesto, en abril de 2019, su compromiso fue terminar su periodo y no perpetuarse en el poder.

“La evaluación final la hará la ciudadanía, que contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país”, señaló en el mensaje de despedida.

El pasado 8 de abril, cuando concluyó el periodo de seis para el cual fue designada al frente de la Fiscalía y a pocos días de las elecciones presidenciales, la funcionaria indicó que se mantendría en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombrara una nueva autoridad.

Sin embargo, este martes decidió renunciar.

Su paso por la Fiscalía ha estado lleno de cuestionamientos, polémicas, acusaciones de parcialidad, de montar casos y hasta denuncias de plagio de su tesis de licenciatura.

No obstante, se salvó de un juicio político en su contra promovido desde la oposición.

El nombre de la funcionaria salió al escenario político en noviembre pasado, tras la exposición de chats de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023.

Esas conversaciones, desechadas por la Fiscalía y confirmadas por varios de los implicados, reflejan cómo Salazar estaría implicada en estrategias para blindar al gobierno del exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023).

Además, recientemente, Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, acusó a Salazar de presionarla para acusar al expresidente Rafael Correa (2007–2017) como responsable del crimen de su esposo, algo que el Ministerio Público aseguró ser falso.

Otros mensajes revelados también evidenciarían que la Fiscalía montó un caso contra el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien fue acusado formalmente por abuso sexual, pero su detención ocurrió tras denunciar crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019.

Uno de los casos más notorios de la fiscal fue Sobornos, proceso cuestionado internacionalmente por las condenas al expresidente Correa por “influjo psíquico” y a otros funcionarios de su gobierno.

En los últimos meses, Salazar también impulsó pesquisas de impacto nacional y catalogadas por la oposición como persecución política, como el caso Nene, donde se procesó al hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad; Ligados, contra exvocales del Cpccs; y Triple A, que salpica al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Algunos la acusan de haber actuado rápidamente en procesos como los mencionados anteriormente, y en otros avanzó lento, como Sinohydro, pesquisa que involucra al exgobernante Lenín Moreno (2017-2021).

Finalmente, esta semana logró archivar las investigaciones previas en contra del expresidente Lasso, acusado de peculado y delincuencia organizada, y consiguió que la justicia llamara a juicio al ex vicepresidente Jorge Glas como parte del caso Reconstrucción de Manabí.

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