Delante los integrantes del colectivo Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos y las pancartas con la consigna “30 veces nunca más: sepan cumplir ¿Dónde están?».
Y con ellos las imágenes de los que siguen sin aparecer. Nelsa Gadea, Víctor Gurskas, Héctor Giordano, María Rosa Aguirre, Beatriz Anglet y otros más de una lista 197 nombres de uruguayos víctimas del terrorismo de Estado.
Fue la trigésima edición de la Marcha del Silencio cuando apenas quedan cuatro madres fundadoras de un movimiento por la justicia y la verdad que se mantiene con el relevo generacional expresado en el respaldo de organizaciones de derechos humanos y otras de la sociedad uruguaya.
Conmemora los asesinatos de Zelmar Michelini, senador del Frente Amplio, Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional, y los militantes y cónyuges Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires, Argentina, el 20 de mayo de 1976.
La manifestación partió de la capitalina esquina de Rivera y Jackson, donde se levanta el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina.
A paso lento, por la avenida 18 de Julio caminó la multitud, integrada por trabajadores, estudiantes, jubilados, artistas, políticos, y otros representantes de la vida nacional, incluida la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.
Culminó en Plaza Cagancha, también conocida como Plaza Libertad, con las notas del himno nacional y con el reclamo de que aquellos crímenes no queden impunes.
La movilización se reeditó en otras localidades uruguayas y de la región, para que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay y en América del Sur, en el marco del Plan Cóndor.
Precisamente trascendió que documentos sobre la participación del Estado uruguayo en ese plan criminal están a disposición del público y la búsqueda de desaparecidos, según anunció la canciller interina, Valeria Csukasi.
Explicó que se trata de textos clave de 10 casos emblemáticos sobre la coordinación entre las dictaduras imperantes en Sudamérica en las décadas del setenta y el ochenta del pasado siglo, para reprimir y asesinar y que fueron digitalizados por los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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