La subsecretaria de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales, Claire Castro, advirtió que se tomarán medidas contra cualquier funcionario implicado en el caso.
El terreno adquirido estaba destinado a la construcción de alojamiento para trabajadores filipinos en el exterior, pero no pasó por el escrutinio de la junta directiva de la Administración de Bienestar de Trabajadores en el Extranjero.
La subdirectora de la entidad, Emma Sinclair, está implicada en la controversia junto con el administrador Arnell Ignacio, quien fue destituido
Ambos están acusados de manipular los registros de la propiedad en la Oficina de Ingresos Internos y el Registro de Escrituras para que pareciera una transacción de Impuesto sobre Ganancias de Capital y reducir la responsabilidad tributaria.
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