De acuerdo con la diputada de la coalición independiente Vamos, Janine Prado, se aprovechará la ocasión para poner de manifiesto la necesidad de abrir el intercambio con los sectores manifestantes, una vía negada antes por el mandatario.

También destacó que es el momento para que el Ejecutivo haga el llamado a realizar sesiones extraordinarias con el fin de presentar propuestas de modificación a la Ley 462, que rige la Caja de Seguro Social (CSS).

Sin embargo, de no suceder esto, Prado señaló que es deber de los diputados tener el tema en agenda desde el 2 de julio, cuando se instale el nuevo periodo de la Asamblea Nacional (parlamento).

Antes, diputados del Movimiento Otro Camino y de Vamos solicitaron en una carta dirigida al jefe de Estado incluir en el debate los cambios necesarios a la norma en medio de una preocupante ola de descontento de la población.

“Nos dirigimos a usted porque somos testigos del profundo malestar social causado por algunos artículos de la Ley 462 de la CSS, estamos convencidos de que abrir un espacio serio, plural y participativo de diálogo es posible y urgente”, señalaron.

“Gobernar es también saber escuchar”, subraya el documento .

La víspera, obreros de la construcción decidieron mantener una huelga indefinida en rechazo a la normativa, mientras nuevos sectores se incorporan a las protestas.

De acuerdo con el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, exigen además la liberación de uno de los lideres del gremio , Jaime Caballero, apresado y enjuiciado por presunto lavado de capitales, en medio de un amañado juicio político y persecución de dirigentes.

Desde el pasado 23 de abril, convocada por los docentes, varios sectores forman parte de esa medida de presión y exigen al Gobierno derogue la norma que permite el robo de los recursos de la CSS y privatiza sus servicios, aunque el Ejecutivo insista en sus beneficios, mientras aumenta la represión policial de las protestas en todo el istmo.

También las autoridades tradicionales de Guna Yala y líderes comunitarios de la comarca Ngäbe Bugle instaron al pueblo originario a mantenerse unido y respaldar la lucha nacional contra las políticas gubernamentales que consideran perjudiciales.

Por otra parte, en uno de los puntos más álgidos de las protestas, en la occidental provincia de Bocas del Toro luego de más de 15 días de paro por los trabajadores del sector bananero, un juez de la localidad de Changuinola declaró ilegal la huelga y dio dio un plazo de 24 horas a los colaboradores para retornar a sus puestos; de lo contrario, perderán sus derechos laborales.

Mientras la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, que junto al titular de Comercio e Industrias, Julio Moltó, integran una comisión gubernamental designada para negociar con los bananeros, llamó a los trabajadores del sector a regresar a sus puestos de trabajo y abrir las vías bloqueadas.

También se conoció que la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) solicitó al Gobierno panameño respuestas sobre la represión desatada contra las protestas por la norma sobre seguridad social.

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