El activista valoró los objetivos e implicaciones de la norma aprobada la víspera por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa.

Durante su participación en el programa de entrevistas Frente a Frente de la Corporación Salvadoreña (TCS), Escobar lanzó duras críticas a la política gubernamental e incluso opinó que para hablar en el país hay que analizar riesgos.

Planteó que si el día de mañana una comunidad exige le solucionen un problema, eso va a tener consecuencias. Es el derecho de todos los que está en juego, subrayó.

El gobierno y el partido Nuevas Ideas «se llena la boca de que somo irrelevante», entonces porque nos tratan de callar, preguntó.

Apuntó que ellos tienen miedo a que la gente pida información y que la gente escuche otras voces que los pueda hacer despertar del encantamiento que le ha hecho el gobierno.

Por eso, subrayó, tratan de acallar las voces. No quieren que la gente tenga información. así controlan el discurso, así la gente no se da cuenta de que están abusando de fondos públicos, afirmó.

Esta ley es una “reacción a las manifestación de la gente”, aseveró, y preguntó cuál es el delito de organizar a la gente para que exija ese derecho. Tienen miedo de que la gente tenga información y exija sus derechos, remarcó.

Sostuvo que para la aprobación de esta ley estaban esperando una coyuntura. Es como tratar de golpear antes del discurso de rendición de cuenta del 1 de junio, afirmó.

Estas iniciativas se usan con fines represivos y contra la transparencia. Según Escobar al pedir transparencia al gobierno no está promoviendo ningún interés extranjeros.

Opinó que en su amplia aplicación la ley se puede utilizar, incluso, para acallar voces de prensa extranjera que denuncien irregularidades.

Precisó que los ONG están obligadas por ley a rendir cuentas de su funcionamiento y financiamiento, y aseguró que es falso “que no rindamos cuenta”. Es falso que operemos sin control.

En otra parte de sus valoraciones el activista preguntó: Por qué no le piden al gobierno y a sus agentes que hablen de sus finanzas, de quién financió sus campañas electorales. Porque si hablamos de transparencia -puntualizó- ellos no son transparentes,

La víspera, la Asamblea legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que da a ONG 90 días para registrarse y grava con el 30 por ciento las donaciones procedentes del extranjero que reciben.

Claudia Ortiz, de Vamos, sostuvo que esta legislación representa un «debilitamiento para la democracia», y representa control y censura propia de gobiernos autoritarios.

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