El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, acudió este miércoles a la comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, donde se debate de la iniciativa gubernamental, y allí destacó lo que en su opinión es un beneficio de la normativa.

Específicamente se refirió a la posibilidad de que la empresa privada pueda hacer sus aportes para equipar a las fuerzas de seguridad, a cambio de descuentos tributarios.

El titular del Interior, John Reimberg, afirmó que es necesaria la ley para “que proteja a los ecuatorianos y que nos dé las herramientas necesarias para desarticular a los grupos delictivos y a sus estructuras económicas”. La violencia que vivimos no es casual ni desorganizada, es estructural, financiada y profundamente anclada en lógicas de poder económico ilícito, declaró Reimberg.

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, estuvo también presente en la comisión y comentó la situación de la seguridad en el país, “el más violento de Latinoamérica”.

Dávila mencionó que la extorsión es el delito “más lucrativo” para las pandillas y puso como ejemplo que en la localidad de Socio Vivienda, en la ciudad de Guayaquil, hay “alrededor de dos mil casas y cada familia paga dos dólares diarios a Los Tiguerones”.

Eso es cuatro mil dólares al día y 120 mil al mes para esa organización delictiva, apuntó el jefe policial, que también señaló que taxistas y otros negocios desembolsan hasta 180 mil dólares mensuales a los grupos delincuenciales.

Por su parte, Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que los unifrmados requieren mejorar sus capacidades para enfrentar a los criminales: desde automóviles, hasta esposas, cámaras, filmadoras para los cascos, armas no letales, municiones, drones, y otros equipos.

Juristas, políticos, y organizaciones sociales señalan que la propuesta de Noboa es una ley inconstitucional, que más allá de buscar acabar con las economía criminales se centra en otras medidas que conllevarían a la violación de los derechos humanos.

La titular de la Comisión, la asambleísta Valentina Centeno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), declaró que van a priorizar el análisis de la propuesta, que rebautizaron y ahora denominarán Ley de Solidaridad Nacional.

En un pronunciamiento, publicado en redes sociales, decenas de colectivos de la sociedad civil afirmaron que la propuesta fomentaría el uso desmedido de la fuerza y dejaría intactos los verdaderos núcleos de la economía ilícita.

Las organizaciones aseguran que bajo la justificación del conflicto armado interno —figura rechazada ya por la Corte Constitucional—, la norma permitiría allanamientos sin orden judicial, procedimientos penales exprés, prisión preventiva obligatoria y beneficios legales para policías y militares involucrados en delitos.

Por esa razón, exigieron a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto y advirtieron que activarán acciones legales en caso de que se apruebe.

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