Tras el anuncio de la funcionaria de que dejaría el cargo, el Legislativo deberá avocar conocimiento de la decisión.

Mediante un video publicado en redes sociales este martes, Salazar señaló que cuando asumió el puesto, en abril de 2019, su compromiso fue terminar su periodo y no perpetuarse en el poder.

El pasado 8 de abril, cuando concluyó el periodo de seis años para el cual fue designada al frente de la Fiscalía y a pocos días de las elecciones presidenciales, la funcionaria indicó que se mantendría en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombrara una nueva autoridad.

Sin embargo, decidió dejar el cargo.

Su paso por la Fiscalía ha estado lleno de cuestionamientos, polémicas, acusaciones de parcialidad, de montar casos y hasta denuncias de plagio de su tesis de licenciatura.

No obstante, se salvó de un juicio político en su contra promovido desde la oposición en la Asamblea Nacional.

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, a través de su cuenta de X, difundió una carta abierta a Salazar donde señala que su renuncia es la confirmación de que “fue puesta para encubrir, perseguir, manipular, jamás para hacer justicia”.

El nombre de la funcionaria salió a la luz en noviembre pasado, tras la exposición de chats de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023.

Esas conversaciones, desechadas por la Fiscalía y confirmadas por varios de los implicados, reflejan cómo Salazar estaría implicada en estrategias para blindar al gobierno del exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023).

Además, recientemente, Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, acusó a Salazar de presionarla para acusar al expresidente Rafael Correa (2007–2017) como responsable del crimen de su esposo, algo que el Ministerio Público aseguró ser falso.

Uno de los casos más notorios de la fiscal fue Sobornos, proceso cuestionado internacionalmente por las condenas al expresidente Correa por “influjo psíquico” y a otros funcionarios de su gobierno.

En los últimos meses, Salazar también impulsó pesquisas de impacto nacional y catalogadas por la oposición como persecución política, como el caso Nene, donde se procesó al hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad; Ligados, contra exvocales del Cpccs; y Triple A, que salpica al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Algunos la acusan de haber actuado rápidamente en procesos como los mencionados anteriormente, y en otros avanzó lento, como Sinohydro, pesquisa que involucra al exgobernante Lenín Moreno (2017-2021).

Finalmente, esta semana logró archivar las investigaciones previas en contra del expresidente Lasso, acusado de peculado y delincuencia organizada, y consiguió que la justicia llamara a juicio al ex vicepresidente Jorge Glas como parte del caso Reconstrucción de Manabí.

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