En ese año se produjo un “corralito” bancario que privó a ahorristas y cuentahabientes de acceder a su dinero.

La situación terminó con el cierre del Banco de Montevideo y el Banco Caja Obrera, y llevó a la refundación del Banco Comercial, que también desaparecería más tarde.

Finalmente, y luego de muchas idas y vueltas, la Corte Interamericana condenó al Estado uruguayo a pagarle a los ahorristas del Banco Montevideo damnificados en 2002.

La representante de los ahorristas Alicia Barbani destacó la importancia de esta resolución que hace justicia tras 23 años.

«En el 2002, muchos ahorristas sufrimos una brutal estafa llevada a cabo por el grupo Peirano-Banco Montevideo, cuyos dineros se desviaron al TCB (Trade & Commerce Bank) de Islas Caimán sin nuestro consentimiento ni conocimiento», dijo.

Barbani subrayó la importancia de este resultado, ya que fueron dos mujeres que sin ser abogadas se presentaron ante la comisión para buscar justicia ante la falta de respuestas en el Estado uruguayo.

En total, son 50 los beneficiarios por esta resolución. «Estamos hablando de un total que tiene que pagar el Estado uruguayo de dos millones 786 mil 813 dólares», apuntó.

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