La reorganización está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que desde inicios de semana comenzó esa categorización de los convictos para ser reubicados en las diferentes prisiones de la nación centroamericana.

Las autoridades explicaron que el procedimiento se realizará con base en criterios técnicos, como la condición jurídica, el nivel de peligrosidad, la edad, el estado de salud, el arraigo familiar, entre otros factores contemplados en la normativa penitenciaria nacional e internacional.

“Este proceso es parte de una política penitenciaria más humana y segura, orientada a garantizar tanto el respeto a los derechos fundamentales como la correcta clasificación” de los reclusos, manifestó el presidente de la Comisión Interventora del INP, Ramiro Muñoz.

Adelantó que cinco mil presos van a ser reclasificados y removidos a centros penales de máxima seguridad, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de reclusión y fortalecer la seguridad carcelaria, enfatizó.

El funcionario informó sobre el traslado de integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 a varios establecimientos para evitar enfrentamientos y avanzar en el proceso de reeducación y reinserción de los privados de libertad.

Un total de 57 convictos pertenecientes a la estructura criminal MS-13 fueron trasladados el pasado lunes desde la prisión de Támara, en esta capital, al Centro Penitenciario de Morocelí, en el oriental departamento de El Paraíso, más conocido como La Tolva.

Otros 108 miembros de la pandilla 18 fueron removidos, también desde Támara, hacia la cárcel de Ilama, en el noroccidental departamento (región) de Santa Bárbara.

Muñoz explicó que el nuevo enfoque consiste en concentrar a cada organización criminal en un solo centro penitenciario, separando a cabecillas y población común dentro de cada grupo.

“Si en La Tolva está la MS-13 con sus cabecillas y el resto de su población, y en Támara está la 18 con igual distribución, entonces no habría necesidad de meter armas ni sobornar a nadie. Si alguien lo hace, es porque busca un enfrentamiento con la autoridad, no porque se esté defendiendo de otra organización”, subrayó.

El titular del INP recalcó que con esta reestructuración se busca evitar que las cárceles sigan siendo zonas de guerra entre pandillas y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema penitenciario promotor de una verdadera reinserción social.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, brindarán resguardo y acompañamiento a lo largo del proceso.

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