Preguntado sobre el tema en una conferencia de prensa, Arana respondió que el salario de los jefes de Estado, según la ley, tiene carácter reservado y ninguna autoridad puede hacerlo público.

Aseguró también que el Consejo de Ministros todavía aún no aprueba el proyecto de incremento determinado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

La prensa reveló semanas atrás que el Ministerio de Economía y Finanzas consultó a Servir sobre la posibilidad del aumento, debido a que hay desequilibrios salarial entre ejecutivos de organismos.

El Gobierno solo aclaró que la iniciativa de la reestructuración la tomó Servir, que la mandataria no había pedido aumento de sueldo y que la presidenta está entre los jefes de Estado que menos ganan en Latinoamérica y el incremento no se había hecho efectivo.

El Gobierno argumenta también que el sueldo presidencial es menor a los de decenas de altos funcionarios y debe recibir, por ley, el mayor salario del Estado, por lo cual Servir había determinado que el aumento debería ser de 125 por ciento, con lo que el sueldo mensual llegaría a 35 mil 568 soles (nueve mil 745 dólares).

El proyectado incremento fue rechazado por la prensa y casi todas las fuerzas políticas y entre las que apoyan a la gobernante varias señalaron que el aumento se justifica, pero por razones políticas y por la impopularidad presidencial, debía aprobarse, pero para que se aplique al próximo presidente.

El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez sostuvo que la presidenta pudo aprobar el incremento y anunciarlo para quien la suceda, pero carece de esos reflejos políticos

Agregó que, pese a la versión oficial, es evidente que la idea del incremento procede del Palacio de Gobierno y tiene el sello de la misma mandataria, porque ella carece de coherencia política, porque la mejora se ha gestado en secreto y porque usa el poder en beneficio propio.

De otro lado, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró sorpresivamente que hay fundamentos para que el Congreso destituya a la presidenta por permanente incapacidad moral, por faltar a la verdad y tener un comportamiento que pone en descrédito la gobernanza.

La sorpresa por la declaración se debe a que Josué Gutiérrez fue elegido por el Parlamento cuya mayoría sostiene la permanencia de Boluarte en el cargo y ha rechazado todas las mociones de vacancia presentadas por legisladores de oposición.

Además, ha respaldado una recurso de la presidenta ante el Tribunal Constitucional (TC) que invoca la inmunidad presidencial para congelar las investigaciones abiertas por la Fiscalía a la gobernante.

Según el defensor, la vacancia procede porque el TC ha definido la permanente incapacidad moral como todo aquello que pueda perjudicar la imagem del país.

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