En su habitual conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino, se refirió al asunto, interpelado sobre una solicitud hecha al Ejecutivo del Estado Plurinacional por el expresidente de origen indígena Evo Morales (2006-2019) para que concediera ese beneficio a Méndez, que consideró es un perseguido político y con peligro para su vida.
Al respecto Mulino dijo que la opinión del exmandatario es respetable pero no vinculante y recordó que el presidente de Bolivia es su amigo Luis Arce.
A renglón seguido precisó que el asilo no ha sido calificado aún. «En Bolivia funciona la Comisión Nacional del Refugiado. Tiene un tiempo perentorio para decidir si hay o no asilo. Si hay asilo, habrá una decisión que tomar con la Cancillería panameña. Pero no puedo adelantarme a una decisión que no ha pasado”, apuntó.
Méndez, quien encabeza en Panamá el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) entró ayer a esa sede diplomática, luego de amenazas a su integridad física, según otros dirigentes del gremio.
Junto a los docentes, miembros de Suntracs protagonizan desde el pasado 23 de abril una huelga indefinida , manifestaciones y otras acciones de rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), a lo que Mulino remarcó este jueves que la norma no será revisada.
La víspera, la Fiscalía instruyó allanamientos de locales y emitió órdenes de aprehensión de lideres sindicales como Méndez y Genaro López (este último exsecretario general del Suntracs) por supuestos delitos financieros.
Al ser cuestionado por los comunicadores acerca si se está investigando con el mismo rigor a funcionarios de administraciones pasadas, Mulino fue más enfático: “Yo no investigo a nadie, ni mando a arrestar a nadie” y agregó que es una tarea del Ministerio Público.
Sobre las protestas envió un ultimátum al sector bananero de la provincia Bocas del Toro ya casi un mes en paro, y criticó la reticencia a negociaciones de otro líder sindical, Francisco Smith, para firmar un acuerdo con el Ejecutivo que contemplaría la presentación de un proyecto de ley y mantener los beneficios de la ley 45 para los trabajadores.
Advirtió que la huelga ha sido declarada como ilegal y que el siguiente paso de la empresa Chiquita en la industria del plátano y único sustento económico del territorio, serían los masivos despidos.
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