Horas después de que la prestigiosa institución presentara una demanda contra la administración Trump, la jueza federal de distrito Allison Burroughs falló que la medida se cancelaría de momento.
Harvard argumentó que la revocación de su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio era una “clara represalia” por su rechazo a las demandas políticas que imponía el Gobierno.
La magistrada es la misma que examina otra demanda de la universidad contra la congelación de dos mil 650 millones de dólares en fondos federales.
“Es el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio por parte de Harvard de su derecho, amparado en la Primera Enmienda, a rechazar las exigencias del Gobierno de controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la ‘ideología’ de sus profesores y estudiantes”, consta en la petición legal de Harvard.
Esta es una de las numerosas universidades de Estados Unidos que enfrentan las políticas de la actual administración, solo que Harvard aparece como la más firme defensora de su independencia académica.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado ayer que “Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y los estudiantes extranjeros existentes deben transferirse o perder su estatus legal”.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, ordenó a su Departamento que pusiera fin a la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, al citar la negativa de la institución de acceder a entregar los registros de conducta de los estudiantes de otros países que solicitó la agencia federal el mes pasado.
El Gobierno de Trump señaló la víspera que “matricular a estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho” y acusó a la dirección de Harvard de convertir “su otrora gran institución en un semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”.
Un juez federal de California emitió una orden premilinar a nivel nacional que frenó el intento de la administración Trump de revocar el estatus legal de estudiantes extranjeros para estudiar y trabajar en territorio estadounidense.
El fallo del magistrado Jeffrey White, en Oakland, prohíbe a la administración cancelar el estatus legal de los estudiantes internacionales sin realizar una revisión detallada caso por caso y sin seguir los criterios establecidos en la normativa federal.
En abril, el Gobierno de Trump inició su campaña de cancelaciones de registros de miles de estudiantes internacionales.
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