Farias presentó un pedido formal ante la Fiscalía General para que se decrete la cárcel provisoria del legislador federal apartado del ejercicio de su mandato e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
En su demanda, el político del PT acusa a Eduardo Bolsonaro de cometer delitos graves como atentado contra la soberanía nacional, abolición violenta del Estado democrático de derecho y coacción en el curso del proceso judicial.
Además, pide que se abra una investigación formal y que el caso sea remitido al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La denuncia afloró luego que el descendiente del exmandatario ultraderechista (2019-2022) anunciara en marzo su licencia parlamentaria de 122 días para viajar a Estados Unidos, donde mantiene contactos con congresistas, incluyendo el senador Marco Rubio.
El objetivo declarado del viaje es promover sanciones contra De Moraes, a quien acusa de violaciones a la libertad de expresión y de actuar de manera autoritaria desde el Supremo.
Rubio confirmó el miércoles que el Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer sanciones contra De Moraes, basándose en la Ley Global Magnitsky, legislación que permite al Ejecutivo estadounidense congelar bienes, bloquear activos y negar visas a personas acusadas de violaciones graves a los derechos humanos o corrupción significativa.
El líder petista sostiene que las acciones de Eduardo Bolsonaro representan una intromisión extranjera en asuntos internos de Brasil y un intento directo de presionar y desacreditar al Poder Judicial del país.
«Buscar que otro Estado interfiera en el funcionamiento del STF es un atentado a nuestra soberanía nacional», argumentó Farias en su petición.
Según el documento presentado, el diputado licenciado habría organizado reuniones, entregado documentos, presionado a parlamentarios norteamericanos y utilizado su visibilidad para promover una intervención directa contra la Justicia brasileña.
Estas acciones, sostiene Farias, podrían derivar en sanciones diplomáticas, financieras o tecnológicas, lo cual constituye una forma de hostilidad internacional.
Cuando anunció su licencia, Eduardo Bolsonaro afirmó que De Moraes estaba utilizando su cargo como un instrumento de «chantaje y coacción» y su intención era luchar por justicia para los involucrados en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, a quienes considera «perseguidos políticos”.
La polémica ha reavivado el debate sobre los límites entre libertad de expresión y acciones que comprometen la soberanía y las instituciones democráticas.
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