Fueron pronunciamientos, hechos y medidas reconocidas por el colectivo Madres y Familiares de los Detenidos Desaparecidos, que encabezó la manifestación el pasado 20 de mayo en esta capital.
Antes el presidente Yamandú Orsi se reunió con una representación de los parientes de quienes siguen sin aparecer.
Coincidiendo con la Marcha del Silencio, reeditada en otras localidades del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores desclasificó archivos de 10 casos emblemáticos del terrorismo de Estado practicado en aquellos oscuros años bajo el Plan Cóndor.
Por su parte la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente anunció la centralización de documentación al respecto del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior.
Incluye la digitalización de expedientes de la Justicia Militar y el Supremo Tribunal militar depositados en el archivo de la otrora Dirección de Policía Técnica.
Resulta un esfuerzo del que participa también el Ministerio de Defensa, cuya titular, Sandra Lazo, dispuso la actualización del listado de exmilitares prófugos bajo imputaciones de delitos de lesa humanidad.
Lazo manifestó que hay una obligación ética de buscar más allá de lo que se conoce.
Según el conteo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, 197 personas fueron detenidas desaparecidas por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado por la dictadura que imperó entre 1973 y 1985.
Son apenas siete los uruguayos encontrados en enterramientos clandestinos desde que comenzaron en 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, las excavaciones a cargo del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República.
Los expertos del GIAF continúan la búsqueda de los desaparecidos en predios privados y militares por mandato de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
En terrenos de los batallones 13 y 14 del Ejército fueron encontrados la gran mayoría de los restos desenterrados e identificados hasta ahora.
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