En conferencia de prensa en la Universidad de Panamá, los letrados asociados a la defensa de dirigentes sindicales apresados por oponerse a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) rechazaron procesos amañados por órdenes del presidente de la República, José Raúl Mulino, lo cual denota la violación a la independencia de poderes.
De igual manera condenaron el uso de gases lacrimógenos, armas de grueso calibre y el allanamiento violento en inmuebles como métodos de intimidación en comarcas indígenas y otras localidades para dispersar a los manifestantes que también rechazan un acuerdo suscrito por el Ejecutivo y Estados Unidos, que atenta contra la soberanía nacional.
Los abogados indicaron que continuarán la lucha en el terreno judicial hasta que sean liberados los dirigentes del sindicato de la obreros de la construcción Jaime Caballero y Genaro López.
También Saúl Méndez, este último obligado a refugiarse en la embajada de Bolivia, en esta capital, que le ofreció protección temporal, debido a amenazas a su integridad física.
Los letrados responsabilizaron de la vida de esos líderes al jefe del Estado, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y a Luis Gómez, Procurador de la nación y exabogado personal de Mulino, quienes actuaron en contubernio, según denunciaron.
Otros profesionales de la justicia emitieron un comunicado titulado Pronunciamiento al país: Estado constitucional de derecho y garantías fundamentales para recordar que la democracia debe atender las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de la población.
El pronunciamiento advirtió además que el uso del derecho penal como herramienta para reprimir la protesta social representa una amenaza grave a la libertad de expresión y a las garantías democráticas, haciendo un llamado al jefe de Estado a respetar estos derechos y a no fomentar un clima de violencia y exclusión.
Este grupo de juristas criticó la aplicación de leyes como la 462 de la CSS y rechazó la represión contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, incluyendo estudiantes, docentes e indígenas.
Desde el pasado 23 de abril, el istmo es escenario de una huelga indefinida convocada por los docentes y otras manifestaciones también en repudio a la intención del Gobierno de reabrir una mina de cobre en Donoso (Colón) pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre de operaciones.
Las protestas, las más grandes desde las masivas manifestaciones de octubre y noviembre de 2023 contra la minería metálica a cielo abierto, han obligado a diputados a solicitarle al jefe de Estado una apertura al diálogo, vía que niega de manera constante.
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