El funcionario indicó en declaraciones al canal Telemetro que presentó esta evidencia en relación con una investigación que se sigue contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau, como parte del Ejecutivo de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Antes, la denuncia la interpuso el actual director de la CSS, Dino Mon, a lo que la Fiscalía respondió que busca aclarar por qué se dio el traslado de estos fondos y de qué programas de la CSS fueron extraídos.

Se trata de 300 millones de dólares transferidos desde la CSS al Gobierno Central en 2023 y otros 100 millones en los primeros meses de 2024, de acuerdo con el Ministerio Público.

Según la Ley Orgánica de la CSS, se prohíbe cualquier desvío de los fondos de esa institución pública que atiende a jubilados y pensionados a otras entidades del Estado y eso es lo que se quiere investigar.

En el caso del Gobierno Central, el titular de Economía defendió que no es ilegal recibir el dinero, pero reconoció que todo fue un tema más de transparencia, ética y moral.

Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para demandar se derogue la nueva Ley 462 de la CSS, a los que se han sumado constructores, universitarios, indígenas, abogados independientes y mujeres en rechazo además a un acuerdo suscrito por el Ejecutivo con Estados Unidos que estiman atenta contra la soberanía nacional.

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