El argumento fue que ella ya no es parlamentaria y la Asamblea no sería competente para pronunciarse y tratar el tema, con lo cual la Corte tendría vía libre para vincular a Cuesta al Caso Ligados, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Tras la decisión, apoyada por la bancada oficialista del movimiento Acción Democrática Nacional y sus aliados, el bloque de la RC enfatizó que “se ha consumado un atentado a la democracia y a la independencia de funciones”.

El legislador de la RC Franklin Samaniego denunció que se vulneró el artículo 128 de la Constitución que garantiza el fuero a legisladores y señala que no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por decisiones o actos en el ejercicio de sus funciones.

La RC apuntó que el proceso judicial contra Cuesta inició cuando la ahora exasambleísta estaba en funciones.

En un comunicado el bloque opositor respaldó a la miembro de la organización, «víctima de un nuevo intento de judicializar actos legítimos» realizados mientras estuvo al frente de la Asamblea Nacional, durante un mes.

“Hoy se ha distorsionado el orden democrático, hemos sido testigos de un nefasto precedente, cualquier legislador podrá ser enjuiciado por sus decisiones si incomodan al poder”, señaló la organización en su pronunciamiento.

Cuesta es una de las figuras políticas que, junto a el excandidato presidencial Andrés Arauz, la Fiscalía busca vincular al caso Ligados, una investigación sobre una presunta red de influencias en Cpccs y otras entidades estatales con fines políticos supuestamente en favor del correísmo.

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