“Se realizó un seguimiento desde la pasada gestión, especialmente mediante labores de inteligencia. Como resultado, identificamos aproximadamente 17 clanes familiares que se dedican al contrabando de importación como al contrabando a la inversa, especialmente del ganado en pie (…)”, afirmó la autoridad.

Informó que también trasladan otros productos de primera necesidad como azúcar y aceite.

Sostuvo que los datos de esta pesquisa serán remitidos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para el análisis de flujos económicos sospechosos.

Recordó, a la vez, que el artículo 181 del Código Tributario califica la exportación agravada como delito, sancionado con penas de hasta 14 años de prisión.

Mencionó que tres personas de nacionalidad peruana se encuentran con detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras que una ciudadana boliviana cumple arresto domiciliario.

Asimismo, cinco ciudadanos son investigados por contrabando a la inversa (hacia los países fronterizos), específicamente en el tráfico de carne de cerdo, y todos los casos están bajo pesquisa del Ministerio Público.

Velásquez alertó sobre el creciente uso de comunidades fronterizas como puntos estratégicos para este tipo de ilícitas.

“En zonas como Santa Rosa de Taraco -precisó el coronel-, en ese sector, algunas comunidades son muy afines al contrabando y por ahí es donde tratan de sacar el ganado en pie y la carne de cerdo, utilizando el lago”.

Subrayó Velásquez que, en contraste, existen comunidades que colaboran con las Fuerzas Armadas en la destrucción de pasos ilegales y la identificación de rutas de este delito.

Explicó que la lucha contra este flagelo se desarrolla sobre la base de la Ley 1053, que faculta a las Fuerzas Armadas y al Comando Estratégico Operacional (CEO) a actuar con el uso de armamento cuando la situación lo amerite, bajo parámetros establecidos en las normas vigentes.

“Cuando hay intentos de recuperar mercadería incautada, el personal tiene la facultad de proceder con su destrucción o incineración, como medida disuasiva y de protección”, aclaró.

El viernes último, el presidente Luis Arce anunció la implementación de 11 medidas y siete decretos destinados a frenar el contrabando y garantizar el abastecimiento de combustibles y alimentos.

Una de esas disposiciones incluye la militarización de puntos fronterizos estratégicos.

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