La iniciativa, que recibió el respaldo unánime de los representantes, fue impulsada por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía General con el fin de proponer soluciones concretas para reducir la congestión judicial, agilizar la emisión de sentencias y fortalecer los derechos de las víctimas dentro del sistema penal colombiano.

Según declaró el ministro encargado de Justicia, Augusto Ocampo, el proyecto aprobado constituye un avance crucial para acercar la justicia en términos de equidad y para beneficio de los ciudadanos.

El contenido de la propuesta recupera el espíritu original del sistema penal acusatorio y su objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta de los procesos penales y evitar la prescripción de miles de casos, que ya suman más de 43 mil en los últimos años.

En la actualidad, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, los fallos de las cortes pueden tardar más de una década, mientras que con la aplicación de reforma se busca que las sentencias se emitan en plazos entre uno y doce meses, lo cual también genera ahorros para el Estado.

La norma aprobada propone medidas como la reparación integral, la ampliación de beneficios por aceptación de cargos, incluyendo casos de flagrancia, y rebajas de pena en ciertos delitos, bajo condiciones específicas.

También introduce el uso de pruebas anticipadas y fortalece el principio de oportunidad, permitiendo suspender términos procesales para evitar la prescripción, según la cartera ministerial a cargo.

Una vez que concluya la conciliación con lo aprobado por los senadores, la reforma pasará a sanción presidencial.

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