McBride, de 61 años de edad, fue condenado en mayo de 2024 a cinco años y ocho meses de prisión, con un período mínimo de dos años y tres meses antes de ser elegible para libertad condicional.

Su condena se basó en cargos de robo y transmisión no autorizada de información militar secreta a periodistas, que revelaron supuestos asesinatos ilegales de civiles afganos de 2005 a 2016, cometidos por fuerzas especiales australianas en Afganistán.

Los abogados del denunciante declararon que McBride estaba seguro de haber actuado de acuerdo a su propia conciencia y valorar el deber de responder al pueblo de Australia.

Durante el proceso de apelación, McBride y su equipo legal argumentaron que actuó motivado por un deber ético de servir al interés público y proteger a los ciudadanos australianos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Territorio de la Capital rechazó estos argumentos y sostuvo que, según la ley, su obligación principal consistía en obedecer órdenes y no actuar en función del interés público.

El exabogado militar sigue siendo la única persona encarcelada en relación con los crímenes de guerra expuestos, mientras que varios militares investigados aún enfrentan procesos judiciales o han sido absueltos en cortes civiles.

“No puede ser un crimen exponer un crimen. No puede ser ilegal decir la verdad”, reclamó un comunicado del equipo legal de la defensa.

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