¿La razón? «Reforzar puntos importantes para la defensa», según afirmó el congresista.

Sin embargo, este tipo de contacto, cuando se trata de orientar o presionar a un testigo, tiene un nombre claro en el ámbito legal: obstrucción de la justicia.

La revelación fue hecha por el propio Mourão, general retirado, ex vicepresidente y actual senador por el estado de Rio Grande do Sul, tras su declaración el 23 de mayo ante el ministro Alexandre de Moraes, como parte de la investigación sobre la tentativa golpista de 2022.

Mourão confirmó que Bolsonaro le pidió enfatizar que «nunca hubo intención de ruptura institucional». La conversación, aunque breve, genera gran controversia jurídica y política.

Expertos legales consultados por la prensa consideran que la actitud del ex mandatario ultraderechista podría encuadrarse como delito.

«Cuando un investigado intenta influenciar a un testigo, sobre todo en un proceso por intento de golpe de Estado, se trata de una acción gravísima», afirmó un magistrado del tribunal superior bajo anonimato.

La situación también compromete a Mourão. Si se demuestra que mintió ante el Supremo Tribunal Federal para proteger a Bolsonaro, podría ser acusado de falso testimonio.

Y si la llamada del exgobernante alteró su versión original, estaría ante un caso clásico de perjurio. Además, Mourão fue llamado como testigo de la defensa no solo en el caso de Bolsonaro, sino también en los procesos contra los generales Augusto Heleno, Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, todos implicados en la presunta trama golpista.

Los abogados del exjefe del Ejecutivo (2019-2022) alegan que el llamado fue parte del «ejercicio del derecho de defensa» y niegan cualquier intento de manipulación.

No obstante, juristas advierten que este argumento no se sostiene. «La defensa se hace en los autos. Si Bolsonaro quería influenciar, debía hacerlo a través de su defensa técnica, no directamente», sentenció un juez federal.

Este nuevo episodio se suma a una serie de antecedentes en los cuales Bolsonaro fue señalado por intentar interferir en investigaciones. Desde orientar aliados, esconder joyas del Estado, hasta tramar la desestabilización institucional. Las sospechas se acumulan.

Bajo este contexto, la posibilidad de que el expresidente enfrente una orden de prisión preventiva crece.

La obstrucción de la justicia, considerada un delito grave, podría ser el detonante. La sombra de la cárcel se cierne sobre quien todavía busca liderar sin haber comprendido que ya no está en el poder ni al mando de un cuartel.

rc/ocs